¿Peligra el derecho a manifestarse?

A. Inurrieta*.- La crisis económica y el estallido de una parte de la sociedad que permanecía dormida en el pasado ha puesto de manifiesto la debilidad de los principios democráticos de algunos responsables políticos. La preeminencia de protestas, manifestaciones y creciente malestar está generando una gran corriente de pensamiento y opinión, iniciada por la actual Delegada del Gobierno en Madrid, para que el derecho de manifestación, uno de los grandes logros de la democracia, salvo para algunos/as, sea restringido o incluso eliminado.

Nadie duda que la gran afluencia de protestas en la vía pública genera molestias, ya que suelen ir acompañadas de cortes de tráfico y restricciones a la movilidad, pero estas molestias son pequeñas anécdotas comparado con el triunfo colectivo que ha supuesto para este país la catástrofe de aquellos cuarenta años en el que no había manifestaciones, salvo las del desfile del 1 de mayo. Esta trágica y negra época histórica no puede volver nunca y por ello, eliminando y poniendo a disposición judicial los reventadores violentos que empañan el derecho cívico, la sociedad debe conjurarse para repudiar cualquier intento de restringir o modular derechos fundamentales.

Este clima de desazón social, que alcanza ya un claro carácter intergeneracional, interclasista e interracial, demuestra que los episodios puntuales de vandalismo y violencia, nada tienen que ver con el deseo mayoritario de ejercer un derecho ante un deterioro social, político y económico tan brusco. Las justificaciones para intentar restringir este derecho, tanto por declaraciones, como por algunas actuaciones policiales que, presuntamente, podrían ir dirigidas a amedrentar a la  población, demuestran una cierta nostalgia de tiempos pretéritos, y que además contrastan con la posición política de estos mismos dirigentes escasamente hace ocho o nueve meses.

Las mismas personas que hace no mucho se manifestaban todos los sábados,  creando también innumerables molestias a los vecinos de la ciudad de Madrid, ahora reniegan cuando lo hace la otra parte de la población que no comulga con las actuaciones políticas actuales, y en general con la clase política a nivel global. Esta dicotomía en el concepto de la democracia produce una gran desazón entre la población y pone a España más cerca de los países con una baja calidad democrática, lo que ahonda la pérdida de credibilidad y la depresión colectiva que retrasará aún más la salida de la crisis política, social y económica que nos asola.

Ante las veleidades autoritarias, no se debe dar ni un paso atrás y luchar por no perder derechos que, una vez eliminados o restringidos, no vuelven. Si anteponemos las molestias inherentes a la democracia, no mereceremos que nos respeten fuera de España.

*Alejandro Inurrieta es presidente del Observatorio del Distrito Salamanca.