Lola M.- Tras medio año de conflicto educativo, muchos se han movilizado pero poco se ha movido. Han sido nueve huelgas, cinco manifestaciones masivas y más de diez concentraciones en la puerta de la Consejería, pero ni una letra se ha cambiado en las ya famosas instrucciones, no se ha llamado a negociar a la mesa sectorial y el ánimo va decayendo.
Los medios de comunicación ya no ven como noticia que veinte mil personas salgan a manifestarse en defensa de la educación pública. Puede que esto ocurra porque la misma sociedad tampoco lo ve como noticia. Los mantras de Aguirre y Figar han funcionado a la perfección y para muchos, los profesores “protestan por trabajar 20 horas a la semana”. Los profesores no han conseguido que la problemática de la educación pública madrileña llegue con claridad a los ciudadanos. Cada año se ha ido dando un paso más para desmantelar un servicio público al que tienen derecho todos. Este año se ha dado un paso grande, pero no deja de ser un paso más. Los centros han visto mermados sus recursos materiales y humanos, desapareciendo las horas para biblioteca, laboratorios o desdobles e incluso teniendo problemas para pagar la calefacción. En algunos centros el servicio de ruta se ha reducido a la mitad o incluso anulado, habiendo chicos que tienen que recorrer cinco kilómetros para ir de su casa al instituto. La optatividad en los centros se ha limitado y la atención a la diversidad se vuelve muchas veces imposible por la falta de horas.
Pero además, el mensaje de desconfianza hacia el profesorado ha calado en gran parte de la población. No hay como una crisis para criticar la labor de otros, sobre todo si estos tienen un trabajo estable. Incluso muchos creen que esas dos horas de más se están pagando porque algún político lo dijo (y mintió) en su momento. Quienes todavía crean que miles de profesores siguen echándose a las calles para protestar por dos horas de trabajo, o no conocen o no quieren conocer lo que está ocurriendo. Lo peor es que seguramente sea lo segundo.