‘Madrid, Oscurantismo y Cultura S.A.’

A. Inurrieta*.- Las últimas noticias sobre la empresa MACSA, empresa que gestiona los contenedores culturales en el Ayuntamiento de Madrid, no son muy edificantes. Esta empresa nunca se ha caracterizado por ser un desecho de transparencia, ni en su funcionamiento, ni tampoco en sus prácticas de gestión o contratación.

Durante mucho tiempo, estando en el Ayuntamiento, se intentó que se rindiesen cuentas de la toma de decisiones, por más que hay representantes políticos en el Consejo de Administración. En este sentido, todos los contratos eran presentados a posteriori y sin especificar muchas de las partidas de gasto, sin que en ningún momento, se explicasen los motivos de las adjudicaciones o la contratación de profesionales. Ejemplos hay muchos, pero sí sorprendía año tras año, por ejemplo, el enorme presupuesto de la Cabalgata de los Reyes Magos, tal vez el mejor ejemplo de dispendio, llegando a gastarse más de 800.000€ -eso sí, con gran éxito de público-.

Pero tal vez, donde más se ha chocado ha sido en el oscurantismo en las contrataciones de los gestores de los principales contenedores, como el Teatro Español, Matadero, u otros altos directivos. Así, por ejemplo, el director del Teatro Español, muy ligado a la anterior delegada de las Artes, producía obras para el propio Ayuntamiento, cobrándolas, a pesar de ser un alto ejecutivo del propio Ayuntamiento. Ahora se ha descubierto que la Delegada anterior dejó firmado  un contrato que le blindaba tres años y una cifra de emolumentos que superaba los 400.000€. La propia cuantía del salario, sin discutir la valía de Mario Gas, no resulta muy lógica en un momento de ajuste durísimo en todo el país, y muy especialmente en la función pública. Esta falta de control y la existencia de puertas giratorias entre gestores culturales y políticos del Ayuntamiento de Madrid, contravienen toda ética e incumpliría un manual básico de buenas prácticas.

Este código exige, en primer lugar, que los gestores sean elegidos mediante un proceso abierto de selección y por supuesto, cumplan unos determinados requisitos técnicos. Además, se debería blindar cada contrato al periodo que marque la norma, sin que el concejal o ministro de turno puedan modificar la longitud de los contratos, ni por supuesto el salario. En segundo lugar, las decisiones arbitrarias no caben en un país transparente, lo cual abunda la idea de que podía existir connivencia entre el grupo de gestores y la dirección política.

La sociedad asiste, atónita, a cómo se pueden estar pagando estos salarios, que deberían haber pasado previamente por el Consejo de Administración para su aprobación, y sobre todo que se puedan firmar contratos apenas unas horas antes de dejar el cargo. Si esto es chocante e indignante, todavía lo es más cuando se comparan estas retribuciones a los directivos con las que se pagan a los verdaderos creadores que no están en el lobby directivo o cercano a la ya exdelegada. Algunas retribuciones de artistas o músicos recuerdan más a la caridad que a un pago justo, acorde con la calidad de muchos de ellos. Esto sí que duele mucho, y da alas a los que siguen pensando que la cultura no es una labor de Estado y que se circunscriba al ocio financiado y pagado por el sector privado.

Para los que creemos profundamente en el servicio público y en la labor de cohesión social del Estado, este tipo de prácticas resultan chocantes y profundamente rechazables. Se puede extrapolar que el acceso a ciertos puestos directivos se construye a partir de grupos de presión que intentan extraer el máximo de rentas de los contribuyentes, saltándose muchas veces los códigos éticos y de buenas prácticas. Por todo ello, el problema es claramente político, que no cumple su función in vgilandum de este tipo de personas que pueblan demasiados altos despachos en este país.

*Alejandro Inurrieta es ex concejal del Ayuntamiento de Madrid y miembro de la Asociación Puerta de Alcalá.

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Ilustración: Patri Tezanos (Zonaretiro.com)