J. E. Villarino*.- El jueves pasado se ha hecho público el informe de la Agencia Ferroviaria Europea, en el transcurso de una reunión que mantuvieron la Plataforma de Víctimas y la portavoz del BNG para Europa, Ana Miranda, con el director general de Seguridad Ferroviaria, Herald Ruijters, y el director ejecutivo de la Agencia de Seguridad Europea (ERA), Josef Doppelbauer, en la capital comunitaria.
La UE y el Gobierno Español ocultaron durante cinco meses el informe de la Agencia Ferroviaria Europea
La UE y el Gobierno Español silenciaron durante cinco meses el informe crítico con la investigación de la tragedia del Alvia, aduciendo un contencioso pendiente con el gobierno español, precisamente por no existir la independencia que ahora denuncia el informe. Posteriormente la convocatoria de elecciones fue el otro argumento para que el informe, firmado el 26 de Enero, no se conociese hasta dos semanas después de la elecciones generales.
Un informe demoledor según la opinión, que compartimos, de la Asociación de Víctimas
Según la nota de la AV, el demoledor informe de la Agencia Ferroviaria Europea pone de manifiesto la invalidez y la falta de independencia de la investigación del accidente que llevó a cabo la Comisión de investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) por encargo del Gobierno. El máximo órgano técnico en materia de seguridad ferroviaria en la Unión Europea expone en su informe todas las debilidades de la investigación del accidente de alta velocidad de Santiago de Compostela, que lo invalidan. Demuestra el incumplimiento de la Directiva Europea de Seguridad Ferroviaria por parte de Fomento y concluye que “teniendo en cuenta la extremadamente seria naturaleza de este accidente, debería abrirse una investigación que cumpla con las exigencias de independencia”.
Lo que el Informe pone de manifiesto:
• Renfe y Adif son parte del equipo de investigación, lo que provoca “un conflicto de intereses”.
• La investigación de la CIAF fue realizada por un equipo que incluía a personal de organizaciones directamente implicadas en el accidente.
• Se pone en duda la neutralidad de Ineco, empresa encargada de revisar la seguridad de la línea.
• Dada la composición del equipo de investigación de la CIAF, se incumplió así la Directiva Europea de Seguridad Ferroviaria.
• La investigación de Angrois no fue independiente y faltan “elementos clave”
• La Agencia Ferroviaria Europea aboga por abrir una nueva investigación en la que se garanticen todas estas cuestiones.
• El informe de la CIAF “también fracasa al identificar qué vagones o vehículos descarrilaron primero”, lo que puede dar lugar a una “mejor comprensión del accidente y sus causas”.
• La CIAF no analiza ni establece conclusiones suficientemente aclaradas sobre las decisiones acerca del diseño de la línea, de la locomotora y vehículos, ni de “cómo fueron evaluados los riesgos” en los sistemas de seguridad.
• El informe ve insuficiente la información aportada acerca de la autorización de la línea, incluidas sus modificaciones, su trazado, radio de las curvas y velocidades, las evaluaciones de riesgo, así como revisiones de seguridad, entre otras.
• Sobre la Dirección General de Ferrocarriles (DGF), dependiente de Fomento, censura que falte un análisis sobre los criterios en los que se basó para autorizar a ADIF poner en servicio la línea sin los medios que mitigasen un error humano.
• En la investigación no se incluye el documento que elaboró en 2011 el jefe de maquinistas de la provincia de Ourense, en el que alertaba del brusco descenso de velocidad que había que realizar en la curva de Angrois.
• No hay descripción de cómo el peligro anunciado por el jefe de maquinistas de Orense fue tomado en cuenta por aquellos que tenían la responsabilidad de gestionar y garantizar la seguridad en todos los niveles de la organización, incluido el equipo de alta dirección”.
• No hay “evidencia” de cómo y cuándo las víctimas y sus familiares fueron informadas a lo largo de la investigación, ni de que se les diese la oportunidad de realizar aportaciones.
• Llama la atención sobre cómo en todas las investigaciones de la CIAF de los seis accidentes con descarrilamientos ocurridos en España entre 2008 y 2013 siempre se centran en los riesgos derivados del comportamiento de los maquinistas.
• Etc etc etc
El informe coincide con muchos de los interrogantes que he planteado desde que se produjo la tragedia
Éstas eran algunas de las cuestiones que en febrero le planteábamos al juez Lago Louro, a las que la instrucción debería haber dado respuesta, o al menos debería haber intentado dar respuesta y no lo ha hecho. Muchos de nuestros interrogantes también lo son para la ERA en los “elementos clave” que echa de menos. También nosotros denunciamos la falta de independencia, reiteradamente.
Estos eran -y siguen siendo- nuestros interrogantes a los que la Justicia ni Fomento han dado respuesta:
• ¿Por qué se cambió el proyecto original?
• ¿Por qué la señalización con ASFA era insuficiente para la protección del vehículo en caso de una situación crítica, como lo fue?
• ¿Por qué se intentó decir en un principio que la línea del accidente no era de alta velocidad?
• ¿Por qué se desactivó el ERTMs embarcado, que hubiese protegido al tren?
• ¿Por qué a la semana siguiente, Adif reseñalizó la curva y la ministra ordenó revisar toda la Red de AV?
• ¿Por qué no se hicieron los estudios preceptivos de riesgos cuando se modificó el proyecto?
• ¿Por qué no se hizo el estudio preceptivo de riesgos cuando se desactivó el ERTMs embarcado?
• ¿Por qué se hizo caso omiso a las advertencias del jefe de maquinistas de Ourense?
• ¿Por qué el proceso de homologación del tren no cumplió los requisitos que exige la legislación española y comunitaria?
• ¿Por qué Ineco, que depende de Fomento, forma parte en la homologación del tren?
• ¿Por que la CIAF, que investiga accidentes, depende de Fomento?
• ¿Por qué la nueva AESF (Agencia Española de Seguridad Ferroviaria) sigue dependiendo de Fomento y está formada por políticos ajenos a la seguridad ferroviaria en su consejo de administración?
• ¿Por qué Renfe retiró de su web la ficha del tren Alvia 730?
• ¿Por qué fue retirada también de Ferropedia?
• ¿Por qué PP y Psoe no han admitido nunca una Comisión Parlamentaria de investigación del accidente?
• ¿Por qué ha desestimado su señoría la pericia del ingeniero Mariñas, realizada con la máxima solvencia?
• ¿Por qué ha desestimado los once recursos, todos de las partes en esta causa?
• ¿Por qué no ha admitido nuevas pericias, esenciales para explicar el alto número de víctimas registradas?
• ¿Por qué priva el juez a la instrucción de elementos de juicio muy importantes a los colegas, que han de dictar sentencia?
Es la hora de Verdad y Justicia… y dimisiones
Dice la AV que “la Ministra Ana Pastor y los máximos responsables de Fomento, ADIF y RENFE deben dimitir por obstaculizar el esclarecimiento de las verdaderas causas e impedir que se depuren todas las responsabilidades, políticas y judiciales del un accidente que sesgó la vida 81 muertos y dejó más de 140 heridos”.
Añadimos nosotros que, además, la ministra y los altos cargos de Fomento, Adif, Renfe deben irse porque han incumplido, a sabiendas, la normativa comunitaria y porque la ministra ha mentido en reiteradas ocasiones a la AV.
Nos unimos también a la imperiosa y urgente necesidad de una nueva investigación independiente, así como la puesta en marcha de una Comisión de Investigación Parlamentaria que esclarezca y depure las verdaderas causas penales y políticas.
Confiamos en que este informe nos acerque a la Verdad y la Justicia, ahora que van a cumplirse tres años de la tragedia.
Confiamos, como no puede ser de otra manera, en que sea esclarecedor para el juez y el fiscal el proceso de instrucción reabierto por decisión de la Audiencia Provincial de A Coruña.
Y exigimos explicaciones a la Ministra Ana Pastor y que asuma sus responsabilidades.
Al juez y al fiscal se les cae la instrucción al basarla en el informe de la CIAF
A la vista del informe de la ERA, es ineludible que juez y fiscal de esta causa deben replantearse lo instruido hasta ahora, para esclarecer lo que en él se denuncian como graves e importantes lagunas de cuestiones claves, y atender las conclusiones de las pericias que han sido desestimadas, al tiempo que se lleve a cabo una nueva investigación independiente e imparcial del accidente.
* José Enrique Villarino es economista y consultor, experto en Transporte y columnista de Zonaretiro