Prohibir las cámaras en los plenos es censura previa, según el Gobierno

G. B.- El Gobierno de España, a través del Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes José Luis Ayllón, respalda la grabación audiovisual de los plenos municipales. Esta postura se ha conocido a colación de una pregunta formulada en el Congreso por la diputada de UPyD Rosa Díez y ha sido publicado este lunes 18 en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (ver imagen adjunta al final).

La limitación del acceso de las cámaras que no se justifique en la concurrencia de múltiples medios -que hiciera imposible el acceso de todos por cuestiones físicas- “implica una suerte de censura previa de la obtención de la información”, asegura Ayllón, citando la Sentencia 5838/2007 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada (Valencia).

La sentencia referida establece que la privación de grabar las sesiones públicas del Pleno privan no sólo al medio de comunicación demandante de su derecho fundamental, sino también al derecho de la información de los vecinos.

La Comunidad de Madrid también lo avala

La Dirección General de Cooperación con la Administración Local (CGCAL) de la Comunidad de Madrid avala las grabaciones de los plenos municipales aunque “no esté regulado de forma expresa en la normativa de Régimen local”.

Según este organismo, la publicidad de las sesiones plenarias está regulada en los artículos 69 y 70 de la LRBRL:

Artículo 69 ” 1. Las Corporaciones locales facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local.”

Artículo 70. ” 1. Las sesiones del Pleno de las Corporaciones locales son públicas. No obstante, podrán ser secretos el debate y votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución, cuando así se acuerde por mayoría absoluta.”

La plataforma ‘Graba tu pleno’, satisfecha

Desde la plataforma ‘Graba tu pleno‘ celebran estas declaraciones del Gobierno y advierten de que la labor de los alcaldes es “facilitar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos constitucionales y no impedirlos. A partir de ahora -sentencian-, todo Alcalde que se oponga a la grabación de los plenos o elabore decretos que de alguna forma limiten este derecho, estarán desafiando al Gobierno de España”.

“Vamos a exigir no sólo el cumplimiento de la ley sino que los Alcaldes que han impedido ejercer este derecho fundamental que pidan disculpas a los vecinos o concejales afectados por sus formas dictatoriales y reconozcan su error. Aunque ahora se vean en la obligación de dejarnos grabar esto no nos hace olvidar los malos momentos que han hecho pasar a muchos vecinos. También vamos a solicitar que se retiren las multas a algunos vecinos, impuestas tras intentar grabar los plenos”, han asegurado en un comunicado.