A. Inurrieta*.- La actividad del Observatorio del Distrito de Salamanca me está proporcionando un conocimiento sin igual de la realidad social, económica, pero también humana. En los últimos días he tenido el privilegio de poder dar conferencias sobre el nuevo decreto de empleados/as de hogar en los centros de mayores Maestro Alonso y Quinta del Berro, así como en el Centro Lista.
La realidad que he podido palpar es que existe una gran bolsa de trabajadores/as que no cotizan, que trabajan a destajo y muchas de ellas carecen de documentación, lo cual deja a todo este colectivo sin protección, y peor aún, con la decisión arbitraria y absolutamente perniciosa de quitarles la tarjeta sanitaria, podríamos estar ante un grave problema de orden sanitario y socia en los próximos meses.
Esta decisión va a influir de forma significativa en un colectivo muy sensible, que curiosamente, apenas utilizan la sanidad pública, porque en muchos casos trabajan más de 12 horas diarias y huyen de los centros oficiales, por miedo a ser expulsados, aunque cumplen un papel fundamental en la sociedad madrileña y del distrito de Salamanca. Por ello, parece una gran injusticia y un severo ataque a derechos humanos básicos la expulsión del sistema sanitario a un conjunto de trabajadores, con el riego que ello conlleva desde una óptica sanitaria. Lo triste y paragógico es que sí se puedan atender a niños y mujeres embarazas y no a otros colectivos que podrían necesitar asistencia sanitaria, cuyo derecho no devenga por el hecho de ser asegurado, sino en la condición de ser humana. La esperanza es que el colectivo médico, cuyo juramento hipocrático prohíbe no atender a ningún ser humano, por lo que esperemos que la insumisión de los profesionales de la sanidad, dejen en papel mojado una medida que choca contra lo que debería ser un país civilizado.
Esperemos que cuando haya un cambio de gobierno cambie esta afrenta contra ciudadanos que están trabajando, creando riqueza y que muchas veces, los propios empleadores no quieren regularizar sus situación. Seamos todos solidarios y apoyemos la insumisión médica contra un cierta actitud poco humanitaria y cercana a la discriminación por nacimiento. No olvidemos que un ciudadano antes que asegurado, es un ser humano. Dejemos esta discriminación a las pólizas privadas que no aseguran a enfermos crónicos, personas de cierta edad, o con riesgo de enfermedades graves.
*Alejandro Inurrieta es presidente del Observatorio del Distrito de Salamanca y exconcejal del Grupo Socialista en dicho distrito.
Juan Carlos says:
Cómo me gustaría, Alejandro, pensar que el honor y el respeto a un juramento o simplemente el respeto a la verdad, pudieran regir nuestros destinos.
Mucho me temo que será un colectivo muy residual quien lo haga.
Pienso en EEUU, que es modelo perseguido por los positivos, donde cuentan cómo los médicos prolongan las enfermedades para poder cobrar más del seguro o aquí, en Españistan donde se ha denunciado a odontólogos que probaban tratamientos experimentales con adolescentes, por los que se enriquecían.etc. Tu conoces más casos de aquí.
Pienso más bien que si la sanidad vuelve a tener alguna vez mayores coberturas, será cuando se generen epidemias que pongan en peligro a los ricos.
sorayuca says:
¿Entonces, debemos confiar un derecho universal en la buena fé de las personas individuales en vez de en las leyes del Estado que nos ampara?
¿Tendrán juramento hipocrático los administrativos de la planta baja y el sistema operativo informático que permite dar cita, solicitar una analitica y tramitar una cita con un especialista?
¿No es poco ético apelar a la responsabilidad de los sanitarios en vez de la responsabilidad de cada uno de nosotros por permitir un atropello como este?
¿Y hacía donde estabamos mirando cuándo el sistema sanitario “universal” lleva años dejando fuera de su cobertura a todos aquellos que viviendo de alquiler, sus propietarios no les dejaban empadronarse por decenas de peregrinas razones o a todos aquellos que viviendo en situación de calle no podían empadronarse en el banco, en el soportal, o en el albergue que les da cobijo cada noche?
Por que no olvidemos que si ahora la carencia de trajeta de residencia se suma a la restricción de derechos, hasta ahora la falta de empadronamiento (más común de lo que pensamos) negaba y sigue negando la asistencia sanitaria y todo tipo de derechos a los colectivos más vulnerables.