El precio de Telemadrid

J. A. Plaza*.- Enterados estamos por mor del señor vicepresidente González de que es previsible un despido de trabajadores en la televisión pública de Madrid. En los tiempos modernos en que la información es poder, lo sabe hasta el gato. Tanto es así que todas las comunidades tienen su (o sus) propios medios de comunicación. En el egocéntrico juego autonómico de ver quién tenía más trenes, universidades, televisiones o embajadas, hemos llegado en España al paroxismo de creernos 17 pequeños reinos gobernados por los nomarcas de turno, como si de un pequeño Egipto faraónico se tratase. Con tanto dispendio, lógicamente hemos multiplicado por 17 (por no hacer distingos, aunque los hay) el gasto del Estado.

En cualquier sociedad moderna, la res pública tiene alta importancia como reguladora de la vida económica, legal comercial y consuetudinaria de un país. El sector privado, no obstante, es quien debe llevar el peso en estas áreas, aunque con una regulación desde el sector estatal.

En esos entes difusos que conocemos como mercados, y que no son más que personas que crean, desarrollan invierten y venden empresas, uno de los conceptos claves para valorar una empresa es el beneficio que ofrece su actividad. Cualquier empresa que quiera sobrevivir en el mercado debe dar beneficios a sus accionistas, sean estos quienes fueren. Incluso aunque sus participaciones sean públicas, debe ser competitiva y saneada. Si es una empresa estatal y dado que el Estado no tiene ánimo de lucro, deberíamos exigir a nuestros gobernantes que al menos alcance el equilibrio presupuestario y no nos cueste dinero a los contribuyentes. Si no, podemos caer en la paradoja de tener empresas públicas absolutamente subvencionadas dirigidas por directivos, que no dejan ser cargos “de confianza” de los partidos, ganando sueldos elevados sin ser capaces de conducir adecuadamente la gestión que se les ha encomendado. La repanocha, oiga.

Por tanto, sí que el sector público debe tomar enseñanzas del sector privado, y debe aprender a conducir sus inversiones, que son las de todos, con sensatez y prudencia y sin costarnos dinero. ¿Cómo es posible que otras empresas que se dedican a exactamente el mismo negocio que Telemadrid -léase Telecinco o Antena3- den beneficios y sin embargo Telemadrid le cueste dinero al erario público? ¿Directivos negados? ¿Sindicatos estranguladores? ¿Modelo de negocio equivocado?

Lo que está claro es que debemos reorientar no ésta, sino todas las empresas que viven de la subvención para que de una vez por todas se conviertan en verdaderas empresas de mercado, eficaces y rentables, y no rémoras de las maltrechas arcas públicas.

Lo cual no significa necesariamente vender la empresa, ni despidos masivos, ni demoliciones varias. Lo que significa es que debemos de cambiar la mentalidad de “vivir de la subvención del Estado” a “vamos a generar equilibrio presupuestario” y para eso debemos tomar lecciones de eficiencia del sector privado.

No es correcto basar la valoración de Telemadrid en que es la televisión pública más barata de España (entre 20 y 50 euros por persona y año, según quien dé la información). Su deuda ha crecido hasta los 240 millones de euros y su cuota de pantalla cayó del 17% al 11% a finales del año 2010 y ahora está en el entorno del 8%. Sólo el 21% de su presupuesto se sufraga con los anuncios, por lo que la Comunidad debe aportar 95 millones al año para su manutención. Es más, la cadena cuenta con unos 1.200 trabajadores, los mismos que Telecinco, que es de ámbito nacional y da beneficios, estando cotizada en bolsa. Números flojos para una empresa que presta un servicio público, el de la información, que es redundante con otros medios existentes (TVE, cadenas privadas, radios, periódicos…). Recordemos que una empresa es pública no por la composición de su accionariado, sino por la intervención que tenga el gobierno en sus decisiones. Puede que si deja de ser pública perdamos calidad en los contenidos de la cadena, pero al menos cerraremos un agujero en nuestro bolsillo por donde se escapan los preciosos caudales públicos, tan necesarios para otros compromisos sociales. Cualquier cosa, menos que siga como está, en números rojos.

*Jose Antonio Plaza Rivero es vocal vecino de Obras Públicas de la Junta Municipal de Salamanca y Jefe de Área en la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.