¿Crisis económica o modelo ideológico?

A. Inurrieta*.- Las últimas medidas tomadas en Sanidad y Educación, y las que quedan por venir en pensiones, dependencia o infraestructuras, han destapado algunas de las creencias -o dogmas para ser más preciso-, que estaban escondidas en la recámara política y que algunos no se atrevían a poner en marcha.

La excusa es en este caso la crisis económica y, con ella -y especialmente su permanencia en el tiempo-, el escenario perfecto para aplicar un ideario político e ideológico que estaba sin implementar del todo, como bien ha reconocido la presidenta de la Comunidad de Madrid, instando a su homónimo en el Gobierno Central  a acelerar el recorte de prestaciones y servicios públicos.

La clave para entender la gran diferencia ideológica es el concepto de lo que debe ser el Estado, su papel, y también cómo se deben financiar los servicios públicos que, para unos el catálogo es exiguo, y para otros el catálogo es mucho más amplio. Esta diferencia choca también con el concepto de equidad, que algunos confunden con beneficencia, y con el alcance del bienestar social.

Las decisiones tomadas sobre Educación, mayores ratios de alumnos, fuerte descenso de las becas, aumento de tasas universitarias, abandono de los programas de 0-3 años, y la merma de profesores, solo puede esconder un doble objetivo: reducir la demanda de alumnos sufragados por el erario público, hacer recaer todo el peso del ajuste sobre rentas medias y bajas y por tanto hacer una sociedad aún más desigual. Esto tiene la expectativa de que una buena parte de esa demanda se traslade a la oferta de pago, especialmente en Universidad.

En el campo de la Sanidad, el modelo es similar. El objetivo no es tanto ahorrar, como hacer descender la demanda, supuestamente de las rentas medias y bajas, pues son las usuarias de la sanidad pública. El copago en farmacias, en algunos servicios sanitarios para crónicos (transporte) y en otros bienes sanitarios (sillas de ruedas, apósitos, etc) es la antesala de la verdadera revolución que será el pago por estancia en hospitales. Todo esto con argumentos de equidad, pues se paga en función de la renta, cuando a quien se castiga es al enfermo, independientemente de la renta, y dentro de éstos, a los de menor renta y más vulnerables. Todo ello, incurriendo en un gasto administrativo, cuya cuantía no se atreven a publicar.

La última es el pago por uso de autovías. Esto entronca con la vieja aspiración de ajustar el coste de los servicios con la tarifa que se paga por ellos. Esto ha sido la fuente de inspiración en la subida del precio del transporte, y no la subida de materias primas. El mensaje ahora es que quien usa las autovías debe pagar por su mantenimiento. Sorprende esta visión en el caso de las radiales, cuyo fracaso de demanda lo tenemos que sufragar todos vía impuestos. De nuevo, el concepto tiene que ver con el argumento que progresivamente todos los bienes públicos serán provistos por el sector privado, y las tarifas irán discriminando a las personas por los propios oferentes. Los colegios elegirán a sus alumnos, y el resto, como ya ocurre en la Comunidad de Madrid, las pólizas sanitarias solo aceptarán sanos y válidos, como ya lo hacen, y lo mismo harán las residencias de ancianos.

En suma, la gran revolución ha empezado a dar sus frutos, y es de agradecer que la presidenta de Madrid no engañe. Su modelo es Reino Unido y no lo esconde. El problema viene cuando uno va en los trenes privatizados, o es usuario de la sanidad inglesa, se le cae el alma a los pies. Atentos.

*Alejandro Inurrieta es presidente del Observatorio del Distrito de Salamanca y exconcejal del Grupo Socialista en dicho distrito.