C. Muñoz*. – En el ‘caso Bárcenas’, paralelo al ‘caso Gürtel’, no dejan de aparecer nuevas pruebas que van demostrando que, desde su creación, el Partido Popular ha sido uno de los pilares de la corrupción sistemática en nuestro país. Y todo a pesar de que sólo estamos viendo la punta del iceberg.
Ahora también hemos comprobado cómo la corrupción en el Partido Popular en la Comunidad de Madrid salpica otro de los emblemas actuales del control del poder a través de los medios: Telemadrid. En Izquierda Unida llevábamos años advirtiéndolo, mientras muchos nos tachaban de tratar de desestabilizar las instituciones democráticas, cuando en realidad pretendemos que de una vez se devuelvan a la ciudadanía unas instituciones que deberían pertenecernos, y sin embargo son utilizadas como un elemento más de la gran estafa del Partido Popular.
Los dos cargos de mayor peso en Telemadrid son objeto de investigaciones por parte de la Justicia: el nuevo presidente del Consejo de Administración, Arturo Moreno, estuvo ampliamente implicado en el ‘caso Naseiro’ (tuvo que dimitir de su cargo en el Partido Popular en aquel entonces), mientras que el director general del ente público, José Antonio Sánchez, aparece en las investigaciones del ‘caso Bárcenas’, además de encontrarse imputado por cinco delitos por la adjudicación de la producción en Telefónica: contra los trabajadores, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y delito societario.
El director general de Telemadrid cobró presuntamente (tal y como aparece en la documentación judicial de la querella presentada por IU y otras organizaciones) más de un millón de pesetas de la “contabilidad B” del Partido Popular. Además, se está estudiando el actual peso de Telefónica en las adjudicaciones que realiza el ente, ya que tanto Arturo Moreno como José Antonio Sánchez realizan funciones de asesoramiento para la empresa de telecomunicaciones.
En Izquierda Unida no podemos permitir que un periodista que dirige una televisión pública, en un servicio que debería servir a los ciudadanos madrileños en su conjunto, pueda estar cobrando dinero de una organización política que le ha decidido colocar en ese puesto a dedo, mientras le pasa grandes cantidades de dinero en sobres.
Es una demostración de que el actual Régimen extiende su red de control a través de empresas corruptoras y por medio de políticos corruptos. Y, por supuesto, para esta panda de mafiosos que nos han gobernado durante décadas, el control de los medios públicos supone un pastel demasiado goloso para dejarlo escapar.
He aquí la explicación a los recortes en los servicios públicos y de los despidos de miles de trabajadores que se encuentran en la calle, señalados por los políticos neoliberales de ser el problema de la gestión de los bienes sociales. La explicación del desmontaje del sistema público es claro: mientras los trabajadores sufren dramáticas consecuencias, políticos y empresarios corruptos se reparten sumas millonarias, a veces en dinero supuestamente legal, y en otras ocasiones, directamente en dinero negro.
La tergiversación de la información en los medios de comunicación públicos es otra de las consecuencias de la sistemática corrupción generalizada. Los grandes medios ayudan a perpetuar el Régimen actual porque son controlados ideológicamente por el propio Régimen, que reparte puestos de dirección y compra fidelidades con dinero en sobres.
Las multinacionales, como Telefónica en el caso de Telemadrid, no quedan al margen de este gran negocio del poder. En el Consejo de administración de Telemadrid podemos encontrar dirigentes con nula experiencia en medios de comunicación, pero relacionados con el Partido Popular de una manera u otra, como Manuel Soriano, exdirector de prensa de Esperanza Aguirre o Elena Cerezo, esposa de David Pérez, alcalde de Alcorcón. Es todo un entramado que durante años les ha venido funcionando a la perfección.
Mientras que ellos se reparten sillones, sobres millonarios y empleos, no nos quedará otro camino que denunciarlo, como hemos hecho en Izquierda Unida en la querella presentada contra Bárcenas y otros cargos del Partido Popular y diversos empresarios. Porque durante años la corrupción se ha asentado en las administraciones del Estado, mediante cohecho, tráfico de influencias, financiación ilegal, prevaricación y adjudicaciones ilícitas. No hablamos sólo del cobro de sobresueldos de políticos. Hablamos de un engranaje de corrupción generalizada que está salpicando a demasiadas instituciones supuestamente democráticas. Y no vamos a quedarnos callados, pero necesitamos que la ciudadanía dé un paso al frente y diga basta.
* César Muñoz es Coordinador de IU Retiro y Miembro del Consejo Político Regional de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid.
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Al leer su artículo es inevitable recordar a Juan José Millás cuando en un programa de radio dijo que esto era una GUSANERA. Bueno poquito a poquito quizá nos estemos acercando a una auténtica revolución, con el Humanismo por delante. Me parece que el problema ya no es decir BASTA, que lo decimos cada uno en nuestro ámbito, el problema es quiénes aunando sensibilidades (muy de moda esta palabra) tienen capacidad para coger el timón sin volver a defraudarnos. Este es el miedo que paraliza a la ciudadanía. Y no parece que se vaya a quitar con agua y jabón.