C. Linares.- Este jueves 1 de marzo se ha aprobado en la Junta de Gobierno de Madrid el Plan de Inspección de Consumo 2012, que recoge las actuaciones de los servicios municipales de consumo para salvaguardar los derechos de los consumidores madrileños. El presupuesto para su ejecución asciende a 551.873 euros, lo que supone una reducción del 26,88% respecto a lo previsto inicialmente.
El Plan de Acción en Consumo, integrado en el objetivo de control, está articulado en siete objetivos generales:
1.- El primero de los objetivos integra todas las medidas relacionadas con la información y atención al consumidor. Las 22 Oficinas de Información al Consumidor (OMIC) continuarán con las labores de atención e información a los madrileños. Como les informamos en Zonaretiro.com, en las Juntas Municipales de Distrito se puede denunciar y presentar reclamaciones a empresas.
2.- El segundo objetivo, formación en consumo, refuerza el número de iniciativas dirigidas a consumidores y empresarios, y plantea un mínimo de 700 frente a las 670 del pasado año. En esta materia también se busca la integración con los planes de barrio.
3.- La tercera línea general de actuación comprende las Actuaciones de consumo dirigidas al empresario: aprobación de dos códigos de buenas prácticas y desarrollo de actividades de concienciación para promover la adhesión de las empresas madrileñas a este sistema voluntario de protección de los derechos de los consumidores.
4.- Investigación y Control del Mercado. Engloba los trabajos desarrollados por la Oficina Municipal de Investigación de Consumo e integra el Plan de Inspección de Consumo aprobado también hoy por la Junta de Gobierno. Esta actividad se concreta en actuaciones de inspección y control sobre todo tipo de productos, bienes y servicios destinados a los consumidores. La finalidad es comprobar que se adecuan a la legalidad en sus características básicas y en su presentación, publicidad, precio…
5.- Como quinto objetivo el plan contempla la Participación, Colaboración y Coordinación con organismos públicos y agentes sociales que actúan en defensa de los derechos de los consumidores. Hay programas relativos al Consejo Municipal de Consumo, la Comisión de Cláusulas Abusivas y el Foro Municipal del Comercio Justo. También actividades que fomentan el tejido asociativo con convenios y subvenciones a las organizaciones de consumidores. Este objetivo incide, además, en la coordinación con la Comunidad de Madrid en materia de consumo.
6.- El consumo responsable es un nuevo propósito: seguimiento del programa internacional de Ciudades por el Comercio Justo, fomento de la certificación ecológica FSC y la participación de la Ciudad de Madrid en el proyecto cofinanciado por la Unión Europea sobre Madera Justa, “Sustainable Timber Action in Europe”.
7.- Transparencia y calidad. Principios que definen la actuación del Instituto Municipal de Consumo, y que se materializan en un informe anual de su actividad y en el mantenimiento de los sistemas de calidad de la Inspección de Consumo.
El plan incluye 26 campañas diseñadas bajo cuatro criterios: reclamaciones y denuncias interpuestas por los consumidores; sectores en los que se ha detectado mayor incumplimiento en años anteriores; nueva normativa de aplicación o modificaciones legales que regulan el ejercicio de las actividades económicas, y ámbitos no inspeccionados anteriormente de forma específica.
Y los técnicos municipales realizarán más de 12.000 inspecciones en establecimientos comerciales ubicados en los 21 distritos. El Ayuntamiento prevé controlar más de 6.000 productos para comprobar que cumplen con los requisitos de seguridad y control de calidad exigidos por la normativa legal vigente. Habrá también actuaciones de localización y retirada del mercado de productos peligrosos incluidos en red de alerta, toma de muestras de productos e inspecciones no programadas que tienen su origen en denuncias y reclamaciones.
Entre las nuevas campañas figuran, entre otras, la inspección de establecimientos de envío de dinero; control de la información a los consumidores en la contratación de servicios bancarios, y control de establecimientos distribuidores de operadores de telefonía y comunicaciones.