La Comunidad no denuncia los casos de abusos sexuales a menores

L. Torres.- La familia de una de las jóvenes que sufrió abusos por parte del profesor de música del colegio concertado Valdeluz, del Barrio del Pilar, acudió en 2007 al Centro Especializado de Intervención en Abuso Sexual Infantil (CIASI) de la Comunidad de Madrid para recibir apoyo, “pero era decisión de los padres” denunciarlo ante la Justicia, ha dicho este sábado 15 de febrero de 2014 el actual consejero madrileño de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, consejero de Asuntos Sociales en aquella época.

“Un centro de orientación sobre abusos sexuales a menores no puede, según el Código Penal, denunciar de oficio el caso, pues corresponde hacerlo a la propia víctima o sus padres, como representantes legales”, ha respondido cuando los periodistas le han respondido al respecto.

La Comunidad sólo orienta y apoya, no denuncia

“En este caso concreto, los padres y la víctima recibieron asesoramiento y se les orientó psicológicamente”, ha corroborado Salvador Victoria, quien ha explicado que “los padres decidieron no denunciarlo” y ha insistido en que las competencias que tiene la Comunidad de Madrid con su CIASI son las referidas a la orientación y el apoyo “y así es como se debe actuar de acuerdo con la ley y el Ministerio Fiscal”.

Fuentes de la Consejería de Asuntos Sociales, de la que depende el CIASI, aseguran que su función es ofrecer apoyo a menores de edad víctimas de abusos y también asesorar y orientar a las familias jurídicamente, y “siempre se aconseja a los familiares que denuncien”.

El profesor del colegio Valdeluz Andrés Díez fue detenido el martes 11 de febrero por la Policía como presunto autor de ocho delitos de abusos sexuales cometidos desde 2006 contra alumnas del centro y de la academia Melodía Siglo XXI, si bien los investigadores le relacionan con otros cuatro casos.

Este viernes 14 de febrero, Andrés Díez ingresó en prisión provisional por siete delitos de abusos sexuales, mientras que el director y el jefe de estudios del centro -detenidos también y puestos en libertad con la obligación de comparecer ante el juez porque pudieron conocer los abusos y no los denunciaron- renunciaron a sus cargos.