J. A. Plaza*.- Mientras sentimos el tacto de las chanclas playeras en nuestros pies y con los calores veraniegos conspirando en contra de los ciudadanos madrileños para cercenar su descanso nocturno a golpe de termómetro, nos llega una de las noticias más sensatas de los últimos tiempos: por fin nuestras administraciones se han puesto las pilas y han llegado a un acuerdo para eliminar competencias duplicadas entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.
En estos tiempos pasados de crisis de liquidez (qué extrañas suenan estas palabras ahora nuestros oídos) hubo algún gurú económico que predijo el fin de los ciclos económicos: la racha de crecimiento duraba más de una década y ya sólo podía esperarse abundancia para los siglos venideros. En ese contexto se ofertaban a los ciudadanos servicios y prestaciones financiados por los bancos con unas condiciones que ahora se antojan imposibles; al límite de estas políticas se situaron comunidades que llegaron a construir aeropuertos sin aviones o universidades sin demanda, para no ser menos que las colindantes.
Ya de por sí España tiene una estructura política compleja; todos los que hemos dado alguna charla técnica a ingenieros o políticos extranjeros sabemos lo complicado que resulta hacer entender a un neófito que en este país tenemos Ayuntamientos, en algunas regiones Comarcas, Diputaciones, Comunidades Autónomas y Estado Central cada uno con sus competencias propias. Si además añadimos las querencias políticas de algunos líderes regionales a jugar a ser países pequeñitos, embajadas incluidas, tenemos un cóctel perfecto aderezado por la crisis internacional que ha desembocado en la situación económica actual.
Es inevitable que con tantos niveles de administración, todas ellas persiguiendo el principio de subsidiaridad, se solapen un cierto número de servicios y departamentos. Igual que cuando se fusionan dos empresas para crear una mayor se duplican departamentos previamente existentes en cada una de ellas, igualmente la optimización de prestaciones entre comunidad y ayuntamiento trabajando al unísono produce este resultado.
Y nada más natural que, en aras de una mayor eficiencia de los recursos públicos, se eliminen esas duplicidades. Este proceso comenzó como una de las promesas electorales del señor Gallardón en mayo del 2011. Se creó una comisión ad hoc en la Asamblea de Madrid cuyo dictamen se ha tenido en cuenta a la hora del reparto de las competencias: este dictamen considera competencia exclusiva del Ayuntamiento la atención social primaria, las bibliotecas, los centros culturales, los centros culturales juveniles, las instalaciones deportivas, las escuelas infantiles, las casas de niños y las escuelas de música. Competencia del gobierno regional serán la atención social especializada, la prevención y la promoción de la salud y la asistencia sanitaria, el transporte de enfermos, la drogodependencia, los teléfonos de emergencias, centros de educación de adultos y las políticas activas de empleo y vivienda.
Así, en un primer paso, el Ayuntamiento entregó el 75% de las acciones del Metro a la Comunidad de Madrid (que ya poseía el otro 25%). Ahora por ejemplo, en virtud de este acuerdo, 50 policías municipales que atendían las llamadas de emergencias podrán pasar a patrullar las calles, como antes de que este servicio se integrara en el 112, mientras que 115 empleados de los centros de mayores de la comunidad de Madrid se transferirán al ayuntamiento (evidentemente con la salvaguarda de los derechos sociales de estos trabajadores).
No importa si el Ayuntamiento asume nuevos servicios que nos costarán 11 millones de euros a cambio de transferir otros por un costo de 31; tampoco importa si hay que cambiar la Ley del Pacto Local del 2003 para permitir estas transferencias o si deberán subrogarse los nuevos gestores en obligaciones que hubiese contraído el anterior. Lo realmente importante es que una vez más Madrid muestra el camino de la racionalidad y la sensatez que debe ser ejemplo para el resto de administraciones. Lo que hace falta ahora es que muchos municipios pequeños tomen esta misma senda y se mancomunen para compartir el coste de servicios de una forma eficiente, abandonando la grandeza para situarse en la realidad.
*Jose Antonio Plaza Rivero es vocal vecino de la Junta Municipal de Salamanca y Jefe de Área en la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.
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Es de agradecer una iniciativa de este tipo que en una primera fase (hasta enero de 2013) va a generar un ahorro a las arcas públicas (una parte al Ayuntamiento y otra a la Comunidad de Madrid) de 42,5 millones de euros. Se consigue un doble efecto: el ahorro de costes y la uniformidad del servicio. El ciudadano debe identificar claramente quién le presta un determinado servicio y no confundirse con servicios parecidos, nunca iguales, que le son prestados por distintas administraciones. En la segunda fase, a partir de enero de 2013, se irán repartiendo también otros servicios siempre con la misma doble intención: eliminar la duplicidad para ahorrar costes y definir prestaciones.
En mi opinión existe otro escollo más difícil de salvar en el tema de las duplicidades y es el que se produce con las dobles competencias que recaen sobre el estado y, a su vez, están duplicadas en las comunidades autónomas. El sistema y coste actual de las CCAA es insostenible y habrá que replantearse el reparto de competencias y la prestación de servicios para eliminar duplicidades y, lo que es mucho más importante, la correcta utilización de los recursos humanos destinados a ellos. Me refiero sobre todo a los funcionarios que deberán ser correctamente "reciclados".
Contrariamente a lo que mucha gente opina, yo creo que no sobran funcionarios sino que hay que destinarlos a lo que verdaderamente es necesario. Al eliminar duplicidades habrá funcionarios a los que habrá que formar para ocupar otros puestos de trabajo que dentro de la Administración están escasos de personal... y son más de los que parece. La tarea es ingente y compleja, muy compleja, pero absolutamente necesaria.
Ummm, a ver si me entero yo, que soy de la gente del pueblo. ¿van a evitar que los funcionarios están en puestos donde se tocan el higo y mandarlos a donde hay colas ?
Eso es buena idea, todo lo que sea reducir colas, es bueno, y que haya funcionarios que estén parados y sobre todo que no den mala fama a los funcionarios que si trabajan, incluso que hacen una labor impresionante (véase enfermeras por ejemplo)
Me parece bien que vallan desapareciendo los reinos de taifas estos y se ahorre ahí.
Respecto a D. Juanma, me parece bien, solo recordar, cuando monte una empresa en la mancha, pedir el mismo papel para el ayuntamiento, la comunidad y el ministerio, se me levantan mis pocos pelos de la cabeza.
Por ahora, lo que han dicho de quitar funcionarios donde no hacen nada y ponerlos donde hace falta y lo de no hacer 3 veces el mismo proceso, pagando 3 veces, me parece una buena idea.
Esperemos que metan caña por ahí principalmente ( y si pueden, que no me toquen la sanidad, excepto para reubicar administrativos y otros puestos que madre mía, deberían estar mas controlados)
Saludos.
Entiendo que el artículo, plantea la posibilidad de cambiar leyes y estructuras para mejorar las cosas, con lo cual todo el mundo debe estar de acuerdo.
Sin embargo, me gustaría plantear algunas consideraciones:
Evidentemente, nadie va a poner en duda la mejora de cualquier sistema y es
verdad que es odioso el solape de competencias y el que unos por otros, no
se hagan las cosas. Pero realmente, ¿Cuantas funciones se encuentran solapadas y a cuánto asciende el problema?.
No entiendo por qué gente leída e instruida como Vds. saca a colación problemas tan irrelevantes y tan dañinos, teniendo en cuenta los cientos de miles de millones que nos han robado y nos están robando los llamados mercados.
Yo lo percibo de otra manera. Esta mañana he perdido 1:30 h, en dos ratos, intentando registrar una asociación, en la Comunidad de Madrid y no lo he conseguido. Había sólo una funcionaria y el compañero estaba de recadero.
Pero se sigue vendiendo sin escrúpulos la mentira de que la culpa es de los funcionarios.
Lo que veo es que el artículo parece más un subterfugio para defender propuestas de corte anarcocapitalista, es decir, reduzcamos el estado a su mínima expresión,
hasta que desaparezca.
Ello no deja de ser un error, porque el estado es la forma que la sociedad
tiene de organizarse y defenderse y a las corporaciones les interesa justo lo contrario: la explotación de recursos y a nivel humano, la explotación de una mano de obra cuanto más barata y sumisa, mejor.
Es decir, que con el pretexto de optimizar recursos, lo que parece que dice el
artículo es que reduzcamos el estado, porque a veces, se puede solapar alguna función.
¿Sabéis que los MERCADOS no pagan IVA? Cualquier familia debe pagar por todo lo que compra, sin embargo, los mercados bursátiles no pagan por sus transacciones y las transacciones financieras vacías, las que no tienen que ver con la riqueza real, tampoco.
Sabéis la cantidad de millones que se obtendrían grabando sólo un poco, estos movimientos (ver tasa TOBI).
Lo voy a dejar aquí, porque si sigo, me termino calentando y yo también quiero ser positivo.
En caso de ganancia se paga el 19% por los primeros 6.000 euros y el 21% por todo lo que pase de esos primeros 6.000 euros, independientemente del tiempo que se hayan mantenido las acciones.
En España en el caso de los CFDs se pagan los mismos impuestos que en el caso de las acciones. En el mundo, los impuestos de las acciones suelen ser menores que los de los CFDs. En España, en el caso de las acciones incluso tenemos condiciones más complicadas en cuanto a las minusvalías.
No se paga IVA, pero pagamos mucho en impuestos, creo que si se habal de esto, no intentemos confundir.
Estoy de acuerdo en que el Estado es un concepto político que se refiere a una forma de organización social, económica, política,… pero no genera riqueza ni empleo. Al contrario, gracias al endeudamiento público, se está produciendo un efecto expulsión. En este caso, las empresas tienen que competir con el Estado por la captación del ahorro, y como éste puede emitir deuda pública a tipos de interés atractivos, lo único que conseguimos es expulsar la iniciativa privada del mercado. Y si no siempre nos quedará subvencionarlas.
Respecto a los funcionarios, hay departamentos en los que hay muy buenos y otros en que se tocan el bolo, quien no ha estado en una enorme cola donde se veían cada dos por tres paradas, o charlas y entretenimientos, en vez de hacer su trabajo, y si ya ves lo que no esta cara al publico, acabásemos, el problema es que a los funcionarios "malos" no se les puede tocar, y contaminan a los buenos, o se redistribuye, o se les quita la posibilidad de no ser despedidos, por que , me pregunto, ¿ si una persona hace mal su trabajo, le pueden despedir, por que a un funcionario no?
No estoy de acuerdo con Maria Pilar: por supuesto que el Estado en sí mismo no genera riqueza, de hecho uno de los principios del Estado de Bienestar, que es en el que vivimos, es que la función intrínseca del Estado es la de ajustar desigualdades entre la población, recoger de los que mas ganan y beneficiar al que está en peor situación. El Estado no debe nunca moverse por un afán de beneficio económico, sino por un beneficio social, todo esto desde la concepción originaria del Estado de Bienestar. Es una "mala organización del Estado", no el Estado en sí mismo, el que produce un "efecto expulsión". Si el Estado utiliza sus medios, que son los de todos, para el fomento de la inversión, de nuevos proyectos, de jóvenes emprendedores,etc..el Estado generará indirectamente, pero muy efectivamente, riqueza duradera a medio plazo. Y por supuesto no hay que tomar siempre el camino fácil de la subvención, que es pan para hoy y hambre para mañana: se trata de crear un ambiente propicio para la que las empresas encuentren mercado. Ahí el Estado, entendiendo como "Estado" cualquier administración pública, gracias a su alcance y a su gran poder de convocatoria, puede y debe jugar una gran baza. Ayer mismo tuvimos un ejemplo claro en Madrid: mientras la Alcadesa promocionaba (sin subvención subvención directa) el comercio de barrio, la Comunidad de Madrid emprendía una campaña (también sin subvención directa) para la promoción del comercio por Internet...en fín, que el "Estado" en sí no deber ser demonizado, mas bien debe ser reformado para que, además de asegurar cierto grado de bienestar (considero que el actual es insostenible, no puede ser todo "gratis total", este sería otra gran discusión), sea el apoyo básico de la economía.