K. Mc Cann/ P. Delgado.- Desde que ocupó el puesto a cargo de la cartera de Educación durante los años de presidencia de José María Aznar, Esperanza Aguirre ha desarrollado un interés casi obsesivo por ella. Así, encabezando su particular revolución del sistema educativo madrileño, la presidenta de la Comunidad ha ido diseñando progresivamente diversas medidas y propuestas organizativas que, lejos de mejorar la calidad educativa de los centros de la red pública, han sido el principal foco de las críticas y debates de sus políticas. Entre otras, cabe recordar la polémica ley de autoridad del profesor, o la reciente propuesta del Bachillerato de excelencia.
En esta nueva ocasión, Aguirre propone ampliar las posibilidades de las familias para elegir los centros educativos a los que llevar a sus hijos. Para ello, en el ejercicio de su autonomía legislativa en materia educativa, modificará la baremación de los criterios para la selección de centros. De esta manera, lo que se propone es reducir el peso de la cercanía como criterio, para dar mayor importancia a otros. A pesar de estar todavía pendientes por reformular -y se baraja, entre otros- la mayor ponderación de la renta familiar.
Por otro lado, la consiguiente implicación para los centros, será la concesión de una mayor autonomía en los criterios propios de selección. De esta manera, cada centro, en función de sus prioridades y juicios, podrá establecer mecanismos internos de selección, siempre sujetos a lo expuesto en la legislación vigente.
En este contexto, e intentando anticipar los acontecimientos para el próximo curso, ¿cuáles serán los centros con mayor demanda? ¿Qué criterios establecerán éstos en caso de saturación en la demanda? Y, en último lugar, ¿a qué colegios irán los que no superen los procesos de selección internos de los centros? Teniendo en cuenta que en la Comunidad de Madrid los resultados de las pruebas de nivel de los centros se hacen públicos, la respuesta parece más que obvia. De esta manera, el peligro de la medida puede residir en la gestión interesada de la autonomía de los colegios en el establecimiento de los criterios de selección, favoreciendo la selección del alumnado en función de determinados valores y parámetros, y generando así vías para acrecentar la libre competición entre centros.
Una vez más, en el intento por establecer un sistema educativo basado en un modelo tecnocrático, donde priman la meritocracia y la falsa promoción del esfuerzo como bandera del éxito; la presidenta de la Comunidad propone el diseño de un sistema que promueve la concentración de privilegios y, en definitiva, la limitación de derechos de los ciudadanos en la igualdad de condiciones para el éxito educativo.
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Últimamente escucho hablar de la libertad de elección de colegios y, cómo todos los padres con hijos en edad de comenzar su escolarización, me indigno ante la gran mentira que la promesa de la Sra. Aguirre (a quién hasta ahora siempre había votado) supone por múltiples razones:
1) Porque la libre elección de centro ya existe, solo que son los padres quienes valoran, en función de donde podrían tener más puntos para el acceso, donde cursar su solicitud.
2) Porque eliminar el criterio de proximidad no garantiza la libertad de elección de centro educativo, ya que existen otros criterios de baremación (hermanos, discapacidad, enfermedades, familia numerosa y/o renta) que hacen que, en el caso de que no haya plazas suficientes en un colegio respecto de las solicitudes recibidas, haya niños que no puedan estudiar en el colegio que sus padres hubieran elegido. Su eliminación supondría más bien que la mayor parte de la clase media no contará siquiera con estos puntos, que eran los únicos puntos de acceso a un centro escolar que tenían garantizados.
3) Porque los criterios de baremación entre los que se encuentra la proximidad al domicilio o centro de trabajo se encuentran recogidos en una ley orgánica estatal de imposible modificación por una Comunidad Autónoma. Lo anterior implica la ilegalidad e inconstitucionalidad (se trata de un derecho fundamental) de la medida propuesta.
4) Porque dado que se trata de un derecho garantizado a todos no tiene sentido suprimir este criterio para darle primacía a otro como el de renta, como se comenta. No estamos ante una subvención cuya percepción haya de venir o no de la mano de los ingresos de los padres sino ante un derecho garantizado a cualquier ciudadano con independencia de sus ingresos, como ocurre por ejemplo con la Sanidad Pública. Creo que todos estamos conformes en que no tendría sentido limitar el acceso a la sanidad en función de la renta. Y recordemos también que el derecho es de los niños y no de los padres, por lo que los ingresos de estos últimos no han de primar. El tener una renta media (que no te da puntos) no garantiza desde luego el poder acceder a un colegio privado y por tanto, ha de regularse el acceso a la enseñanza pública y concertada en condiciones de igualdad.
5) Porque lo cierto es que la proximidad del centro educativo al domicilio o centro de trabajo es imprescindible en la sociedad actual, donde los horarios de trabajo son muy extensos y más en una comunidad como Madrid, donde las distancias son muy grandes. Este criterio se configuró como esencial porque facilita la conciliación la vida personal y profesional.
6) Porque esta última es la razón por lo que casi el 90% de los padres escolarizan a sus hijos en un centro cercano al domicilio familiar. Y esto favorece no solo el rendimiento de los escolares (llegan más pronto a casa, en un estado físico y mental razonable para estudiar y no agotados tras una hora de atascos, pueden organizar grupos de estudios...) sino también su relaciones sociales ya que, actualmente, la mayoría de los niños residen cerca de sus
compañeros del colegio y pueden quedar a jugar, hacer los deberes... Cosas que ahora tal vez no recordemos pero que a su edad eran nuestro mundo.
7) Porque si bien se pretende establecer un imposible paralelismo entre la libertad para elegir facultativo médico y la libertad para elegir colegio, hay que tener en cuenta que la libre elección de facultativo, no impide el acceso de ningún otro ciudadano al mismo especialista. La libertad para elegir colegio si que impide que otro alumno estudie en el centro ya que hay un cupo limitado de plazas. Es por ello que ha de primar un equilibrio de derechos real y no solo "en el papel" y unas condiciones de lógica que la propuesta del PP al parecer ha obviado.
8) Porque, por otra parte, antes de reformar el tema de la cercanía o no, en mi modesta opinión, habría que acometer otras reformas, como si no sería más lógico conceder más puntos a aquellos alumnos que tienen una limitación física que les incapacita en mayor o menor grado, y no el punto y medio que se concede actualmente. Porque para este tipo de escolares claramente si es beneficioso tener el centro cerca de su residencia. Y eliminar (si es que se modifica estatalmente que es la única opción legal) o rebajar al mínimo (que esto si puede hacerse por la CAM) el criterio de renta por las razones que exponía.
En conclusión, que nuevamente la clase media saldrá perjudicada con una medida que no es más que una "bomba" de campaña. Y lo anterior pese a que soy votante del PP. Pero no puedo apoyar en estas elecciones a la Sra. Aguirre porque no puedo apoyar en esto su programa y si le diera mi voto tendría responsabilidad en la posible adopción de una medida que considero descabellada.
Al final quien elige es el colegio al alumnado.
Esperanza A. y Lucía Figar ¡qué tías! Maquiavelo a lo claro.