Asociaciones vecinales denuncian multas por vigilar el trato policial

P.Horrillo.- Las

“Brigadas Vecinales de observación de derechos humanos”, apoyadas por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) y otras 70 asociaciones y colectivos sociales, han denunciado hoy públicamente el acoso que están sufriendo por parte del Gobierno. Esta organización de vecinos realiza una labor de observación y documentación de las actuaciones policiales llevadas a cabo para identificar ciudadanos inmigrantes en situación irregular. José Luis de la Flor y Malena Becerra, dos de sus representantes, han explicado cómo la Policía ha interpuesto denuncias contra varios miembros de las brigadas, que ahora se enfrentan a sanciones económicas por valor de 3.700€.

La apertura de los últimos expedientes sancionadores se remite al pasado 10 de mayo, en la Plaza de Oporto, cuando “un grupo de policías vestidos de civil realizó más de 70 identificaciones de perfil racial en menos de 2 horas”, explica de la Flor. Esta vez (como en otras dos ocasiones anteriores, según han contado), los participantes de las brigadas fueron abordados por policías que “coaccionaron su labor de observación y documentación, cuando les exigieron la filiación, sin mediar criterio alguno, y argumentando que obedecían órdenes”, detalla de la Flor. La actuación policial se ampara en el artículo 23 h) de la Ley de Seguridad Ciudadana en la que “constituye infracción grave: La provocación de reacciones en el público que alteren o puedan alterar la seguridad ciudadana”. Sin embargo, los representantes de las brigadas niegan taxativamente este argumento y llaman la atención al hecho de que los boletines de denuncia entregados por la Policía estaban “redactados de antemano”.

Este movimiento civil surgió en diciembre de 2009, en Madrid, con el objetivo de poner freno a las redadas policiales que buscan la detección y detención de inmigrantes que estén en situación irregular, basándose en rasgos étnicos. La actuación de la Policía para llevar a cabo estas actuaciones se basa en el artículo 20 de la Ley de Seguridad Ciudadana, que legitima a los agentes para solicitar la identificación de personas en la vía pública, en aras de la protección de la seguridad. La labor de las brigadas, que según han explicado desarrollan su actividad dentro del marco legal e identificados con chalecos reflectantes para ser fácilmente reconocidos, ha sido la de hacer visible una situación que tachan de ilegal. En palabras de Margarita Martínez, miembro de Inmigrapenal: “La ilegalidad de estas prácticas no sólo ha sido denunciada por asociaciones como las Brigadas, sino que el Sindicato Unificado de la Policía ha reconocido que algunas de esas prácticas podrían ser constitutivas de delito”.

Las Brigadas Vecinales también han anunciado que en el mes de julio sacarán un “Informe blanco” en el que aparecerán los datos recogidos durante este último año. En el informe se detallarán las experiencias documentadas de más de 250 controles policiales registrados por la plataforma ciudadana. Vecinos de Barcelona, Bilbao o Valencia han mostrado interés en la iniciativa de la agrupación madrileña, y les han solicitado ayuda para iniciar labores de observación y documentación de estas actuaciones policiales en sus ciudades.