Ignacio González elimina los servicios gratuitos de asesoría jurídica

C. Linares.- La Comunidad ha comunicado este miércoles 17 de octubre al Colegio de Abogados de Madrid que a partir del próximo 31 de diciembre suspenderá los servicios de asesoría jurídica gratuita, dirigidos a los ciudadanos con menos recursos económicos de la región.

Por su parte, el Colegio de Abogados de Madrid, a través de otro comunicado, acusa al nuevo gobierno de Ignacio González de “la ruptura unilateral” del convenio de orientación jurídica, lo que, a su juicio, supone “una dejación flagrante de las obligaciones legales” en el proceso de transferencia de competencias.

Algunos de estos servicios, “venían funcionando de forma ininterrumpida, en sedes judiciales, desde hace más de 25 años, con el fin de garantizar el derecho de defensa a los ciudadanos” y “realizando un apoyo constante a los órganos judiciales”.

Así, en 2011 fueron más de 163.000 madrileños los que acudieron a solicitar información y asesoramiento jurídico para conocer y hacer valer sus derechos ante los tribunales de justicia, “garantizándose a través de los servicios de orientación jurídica el derecho de defensa y el acceso a la justicia en condiciones de igualdad”.

Para los abogados, la situación “se agrava aún más” por el hecho de que el pasado mes de julio la Comunidad de Madrid dejó de prestar atención a los ciudadanos en las 27 oficinas judiciales distribuidas por todo el ámbito de su competencia y que atendían a más de 40.000 ciudadanos al año.

Con esta decisión, añade el comunicado, Madrid se sitúa en una posición “especialmente regresiva” en materia de justicia, pese a ser una Comunidad en la que concurren variables tan importantes como la capitalidad, la tasa de litigiosidad y la especial complejidad de su organización judicial que, sin duda, se verá afectada con la medida.

Por todo ello critican a la Comunidad de Madrid por no ejercer “sus competencias en materia de asistencia jurídica” y no respetar “su propia normativa”, concretamente el articulo 7 del Estatuto de Autonomía, que contempla la necesidad de “acercar al ciudadano servicios y proporcionarle ciertas prestaciones asociadas a los mismos como son la orientación jurídica de carácter gratuito”.

“Se incumple así una función pública de interés general especialmente obligada en una situación de crisis económica que incrementa dramáticamente las desigualdades entre los ciudadanos, en perjuicio siempre de los más necesitados”, destaca el comunicado.

El Colegio de Abogados advierte, no obstante, de que seguirá “luchando por que a nadie se le impida o limite el acceso a la justicia en condiciones de igualdad”, a lo que ha venido “contribuyendo generosamente, con los recursos de todos sus colegiados” más allá de sus obligaciones legales y estatutarias.

Más información sobre asistencia jurídica gratuita:

La Constitución española, en su artículo 119, establece que la justicia será gratuita para quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Todo ciudadano que cumpla los requisitos podrá solicitar, en los términos establecidos por la normativa vigente, asistencia jurídica gratuita en los procedimientos judiciales en los que esté interesado.

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