El pleno de la ignominia

J. E. Villarino*.- Se acabó la XI legislatura, la más corta de nuestro reciente parlamentarismo, que ha durado escasamente sólo cuatro meses. Cuatro meses tirados al cubo de la basura por la impericia, la incompetencia y el personalismo de unos y otros. De todos. De la vieja y de la llamada nueva política.

Pero, aun así les ha dado tiempo a los señores diputados a no aprobar la iniciativa presentada por En Marea para la creación de una Comisión Parlamentaria de Investigación sobre el accidente ferroviario de Angrois de Julio de 2013.

Cabía en esta ocasión que se materializase un cierto coqueteo del Psoe a favor de la misma, cosa que se comprobó imposible a tenor de los resultados de la votación.

Como era de esperar y tal y como han venido practicando en la legislatura anterior, PP y Psoe se han opuesto a la creación de dicha Comisión, Xunta de Galicia incluida.

Una ya larga historia de escarnios

El escarnio para con las víctimas ha tenido cotas de indignidad incalificables: la Xunta de Galicia, es decir el presidente Feijóo no dudó en enviar a las víctimas a la fuerza pública para que se disolviese una pequeña y pacífica manifestación de protesta de rechazo a unas condecoraciones que a ellas mismas concedía la Xunta, condecoraciones que ni venían a cuento y que pretendían acallar el clamor que exigía y exige su asociación y toda persona de bien para que se abra una investigación parlamentaria que depure las responsabilidades políticas que procedan.

Escarnio son también las promesas incumplidas de la ministra de Fomento Pastor y las incomparecencias judiciales de los principales responsables de las empresas públicas involucradas en el accidente. Y así podríamos seguir.

Pero si nos atenemos al pleno del otro día, escarnio ha sido también la actitud del Presidente de la Cámara expulsando a los representantes de las víctimas que estaban en la bancada del público.

Pero, el palmarés de la ignominia se lo llevó el diputado Hernando del PP, ese señor que ni siquiera se acuerda del nombre de la localidad gallega donde se produjo el accidente del Alvia, de cuyas responsabilidades ahora todo el mundo se llama a andanas.

Formas al margen, el escarnio y la ignominia de fondo la han representado el PP y el Psoe que por 199 votos en contra, 132 a favor y una abstención han denegado el derecho a las víctimas de tener una Comisión de Investigación parlamentaria que depure las responsabilidades políticas, que sin duda existen.

No cabe mayor afrenta pública a las víctimas del accidente, que eso y no otra cosa significa la palabra ignominia, escenificada en una triste sesión parlamentaria que cerraba cuatro meses de parlamentarismo barriobajero, lleno de personalismos, imposturas y postureos que deberían inhabilitar a sus miembros para presentarse a unas nuevas elecciones.

Nada importa que ya no hubiese tiempo material para materializarse dicha comisión. El atentado contra las víctimas quedó perpetrado.

El contubernio del Estado contra las víctimas de Angrois

Desde esta tribuna, visto lo visto en estos casi tres años, este autor denuncia el contubernio del Estado contra las Víctimas del accidente de Angrois. Aunque suene fuerte, todo parece haber confluido para que algo que debería ser normal en un estado que decimos de derecho, todo se tuerza. Todos los poderes del Estado parecen conchabados para echar tierra sobre este accidente, que nunca debió producirse.

Hasta ahora hemos visto el papel deleznable del gobierno en este caso, ejerciendo una auténtica obstrucción a la justicia, mintiendo a las víctimas y sus familiares, ocultando pruebas, desoyendo dictámenes de expertos sobre los peligros evidentes en la señalización de la línea, cambiando irresponsablemente el proyecto original de la línea.

El contubernio alcanza también a la justicia, que lejos de ser el pilar inamovible con que debían contar las víctimas para defender sus derechos frente al juego sucio del resto de instituciones y sus lacayos, se ha convertido y lleva camino de ser un obstáculo a que resplandezca, la verdad y por ende la justicia misma.

¿Es casualidad que en el curso de la instrucción se haya producido un relevo en el instructor inicial por otro que ha apagado la instrucción hasta el punto de no hacer nada y trastocar los informes de las distintas pericias, seleccionando aquellas más favorables a la decisión que ha tomado en el cierre de la instrucción?

¿Es de justicia que un instructor desoiga las peticiones de pruebas fundamentales para el esclarecimiento de hechos?

Visto hace meses se diría que estas preguntas podían ser una temeridad. Visto hoy, nada es descartable.

Todavía cabe la esperanza en que las instancias judiciales superiores dictaminen la idoneidad de que se practiquen las pruebas solicitadas y se admitan los recursos de las partes a tal fin.

Todavía cabe la esperanza de que estas instancias, con las pruebas sobre la mesa, declaren hechos probados los muchos desmanes, incompetencias, dejaciones, ocultamientos, chapuzas y despropósitos que han confluido en este trágico accidente, donde son evidentes conductas dolosas penales y políticas.

Hemos enumerado contubernios en el poder ejecutivo y en el judicial, en la medida que este último ha virado 180 grados respecto de la instrucción inicial y se ha producido un decaimiento de la misma.

Quedaba constatar el contubernio del tercer poder: del poder legislativo que le ha dicho a las víctimas y al resto de ciudadanos, con la mayoría de dos partidos que han sostenido y sostienen a gobiernos con responsables en hechos presuntamente dolosos, que no quieren que se sepa la verdad del accidente y pretenden encubrir a presuntos responsables y, a lo mejor, delincuentes.

No más dolor a las víctimas

Como dicen los integrantes de la mayoritaria Asociación de Víctimas en una carta dirigida a los diputados, “una cosa son las responsabilidades penales y otras las políticas. Las víctimas, familiares y la ciudadanía tenemos derecho a la verdad y a que se depuren todas las responsabilidades, más aún cuando están implicadas empresas públicas como Renfe, Adif y el ministerio de Fomento.

Desde hace más dos años venimos denunciando públicamente que esta tragedia se podría haber evitado. Varias decisiones del gobierno anterior y del actual comprometieron la seguridad de los viajeros. Tal como señaló el Juez Aláez, intereses comerciales y políticos se antepusieron a la seguridad de las personas.

Esta tragedia se habría evitado si no se hubiera cambiado el proyecto original en 2010, cuando era Ministro José Blanco. ¿Hubo presiones para inaugurar apresuradamente?
Tampoco se habría producido si no se hubiera desconectado el sistema de conducción automática ERTMS en junio 2012 porque generaba retrasos.

Fomento, Renfe y Adif nos mintieron gravemente a todos los ciudadanos sobre la ĺinea de Alta Velocidad Ourense-Santiago al publicitarla diciendo que “contaba con mayor seguridad, la última tecnología y sistemas de conducción automática”.

Concluyen su misiva con estas palabras: “Lo que tendría que hacer el Estado, en una democracia real, y lo que debe a las víctimas y familiares es verdad y justicia y el único camino para lograrlo es depurando las responsabilidades de los políticos o agentes del Estado que hayan mentido, ocultado o realizado mal su trabajo”.

Señoras y señores diputados, no nos generen más dolor. Pedimos algo muy democrático, y es que creen una comisión de investigación parlamentaria para que se depuren las responsabilidades políticas que pueda haber.” Ésta es la desgarradora petición de las víctimas.

El Parlamento les volvió la espalda.

* José Enrique Villarino es economista y consultor, experto en Transporte y columnista de Zonaretiro