J. A. Plaza*.- Allá por lo años 80 el actor Juan Echanove popularizó en una serie de televisión el personaje de “pedete lúcido”, un bonachón y despistado abogado de oficio que a pesar de sus evidentes excesos etílicos acababa ganando sus juicios empapado de bonhomía y honestidad. Digno reconocimiento de una actividad tan humana y necesaria como el cuidado de la salud o del alma.
En efecto, para que una democracia sea verdadera y saludable ha de basarse en la separación de poderes, la democracia del pueblo, la prensa libre y la justicia universal. Este último es un derecho fundamental de todo ciudadano que se concede en nuestro país a las personas cuyos ingresos (medidos por unidad familiar) no alcancen los 14.000 euros anuales aproximadamente, unos 1.200 euros al mes.
Sin embargo, a tenor de los restrictivos idus económicos que nos ha tocado padecer (“líbrenos el Señor de vivir tiempos interesantes”, decía el proverbio chino), la Comunidad de Madrid decidió recientemente rebajar los honorarios de los profesionales -unos 4.500 en nuestra región- que atienden este servicio tan fundamental para los ciudadanos.
Nada fuera de lo habitual en tiempos de reajustes económicos y recortes a todos los niveles, pero que se denota especialmente peliagudo en una actividad no demasiado bien remunerada, unos 350 euros por un caso de divorcio o unos 100 euros por una guardia; máxime cuando los gastos acarreados por el servicio corren a cuenta del letrado.
Este hecho ha llevado tiempo atrás a reflexionar a la antigua presidenta de la Comunidad sobre la conveniencia de devolver la competencia en esta materia al Estado. Situación que inaugura una nueva etapa de bidireccionalidad en las transferencias, que hasta ahora siempre eran en el mismo sentido centrífugo. Este hecho, que no debe ser interpretado en clave de rentabilidad electoral y ni siquiera de rentabilidad dada la importancia del servicio, debe obligarnos a una reflexión sobre la ponderación entre el servicio de subsidiariedad (la prestación debe efectuarla la Administración mas cercana al ciudadano) y la eficiencia de los recursos empleados.
Es decir, una justicia centralizada, incluido turno de oficio, ¿no redundaría en un acceso más igualitario de todos los ciudadanos a la misma? ¿No sería mas lógico que un abogado de Irún tuviese la misma remuneración que uno de Cádiz por servicio similar? ¿O debería pagarse más a un abogado cuya prestación le acarrease más gasto? Preguntas para un debate abierto en nuestra sociedad y de cuya correcta resolución depende uno de los pilares de nuestro sistema social.
Hay que reconocer, sin embargo, que el turno de oficio y la titularidad de la Justicia no es más que una pata del problema con al menos otras dos vertientes: la urgente necesidad de la modernización de la Justicia y el exceso de judicialización de nuestra sociedad.
No es concebible que en plena era de las telecomunicaciones los juzgados no compartan todavía bases de datos de los casos y acusados, así como es incomprensible que hoy el litigar sea considerado uno de los deportes nacionales; desde nuestra vida familiar hasta la profesional o comercial, al final todos hemos pasado alguna vez por el arco de la Administración de Justicia. No es de extrañar pues que la carrera de Derecho sea una de la mas cursadas en nuestras universidades.
Desde esta pequeña tribuna que nos cede Zonaretiro, queremos hacer un llamamiento a nuestros dirigentes regionales y nacionales para que todos juntos y en la medida de lo posible, aúnen esfuerzos en la resolución de estos inconvenientes sin prisa pero sin demora.
Para que pedete lúcido pueda seguir defendiendo a los más humildes con la misma destreza y dignidad que a cualquier otro ciudadano y para que la Justicia siga siendo el espejo de los valores que queremos para nuestros hijos.
*Jose Antonio Plaza es vocal vecino de Obras Públicas de la Junta Municipal de Salamanca y Jefe de Área en la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.