A nadie le interesa una ley de servicios mínimos

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J. E. Villarino*.- La Constitución lo dice muy claro: reconoce el derecho de huelga como un derecho legítimo de los trabajadores, al tiempo que remite su regulación a una ley orgánica, es decir, de primer rango legislativo. Desde el año 1978 hasta hoy, ya ha llovido y llevamos sin ley de servicios mínimos y, lo que es peor, sin visos de tenerla.

Foto: Sergio Rozas (Flickr-CC)

Parece que no le interesa a nadie, ni a los sindicatos, ni a la patronal, ni a los gobiernos, ni al Congreso, que es quien tiene que hacerla, ni al llamado Consejo de Estado, ese cementerio de ex altos cargos, al que van a parar presidentes, vicepresidentas y demás alta patulea política, dicen que para asesorar al Estado.

Nadie se acuerda de la ciudadanía. Y a todos los citados anteriormente les importa tres pitos que los transeúntes se desnuquen pisando cáscaras de plátano, huela a orines, campen las ratas por sus respetos, en definitiva, que esté todo hecho una mierda.

De esta manera, sin ley de servicios mínimos de huelga, todos ganan, menos la ciudadanía, como acabamos de decir. A las administraciones y a los políticos que las desgobiernan -las que sean- les importan tres higas las huelgas, porque ellos no las sufren y tampoco necesitan pararse en ciernes del alcance de las decisiones que toman.

Tal es el caso de la huelga que asoló durante trece días Madrid capital. A la señora Botella le ha importado tres pitos recortar los pliegos porque luego allá se las entiendan las empresas adjudicatarias y sus empleados, en un claro caso de irresponsabilidad política, sabiendo que con los recortes habidos, no había suficiente dinero para mantener los empleos y las mismas cargas de trabajo.

Tal es el caso también de las concesionarias, que han preferido “trincar” el contrato, y luego ya vendrán los reformados y las ampliaciones, y si no vienen, pues con la reforma laboral en la mano, ERE que te crió y a otra cosa mariposa. Además, que la señora alcaldesa no se ponga chulita, que le sacamos a relucir ante todos la deuda que todavía tiene con nosotros, que no es otra cosa que tapar una minúscula parte de su desastrosa gestión.

Qué vamos a decir de los políticos, para los que una huelga es una ocasión inigualable de arrearse estacazos unos a otros en el culo de los trabajadores, jugando con sus miedos, y llamándose unos a otros perro judío.

Qué vamos a decir de algunos sindicatos, que con ellas justifican su existencia, a pesar de que el resto del tiempo se pasen haciendo tropelías como todos ya sabíamos y que han quedado patentes en los eres de Andalucía, fiestas, festejos, financiados de forma torticera. Y cuando afirmamos esto, nos estamos refiriendo claramente a UGT y CCOO. Quizá existan otros sindicatos incursos en lo mismo, cosa aún por demostrar.

Sin ley de servicios mínimos, los rehenes, los paganos, los sufrientes y los cabreados son siempre los mismos: los ciudadanos, el pueblo llano; el que va y viene a y de trabajar, el paseante, los ancianos y no tan ancianos que tienen miedo de verse en el suelo, los niños que ven restringidos sus derecho de ir al parque y de jugar en la calle, como antaño se hacía en todos los pueblos de España.

Sin ley de servicios mínimos, los sindicatos están en su salsa. Los cumplen, o los incumplen, se ciscan en ellos o se dejan de ciscar. Da lo mismo, no pasa nada. Aquí, la señora alcaldesa de Madrid ha tardado nueve días en tomar medidas, aunque no se estuviesen cumpliendo los servicios mínimos y los piquetes estuviesen volcando basura que no iba con esta guerra.

La no regulación de los servicios mínimos da, en caso de conflicto, todos los poderes a los huelguistas y a las administraciones y despoja de todos los derechos a los ciudadanos cuando los servicios mínimos no se cumplen: del derecho a poder moverse por la ciudad para ir al trabajo, al estudio; del derecho a disfrutar de unas calles salubres y mínimamente limpias.

Todos sabemos el cinismo sindical respecto de los piquetes informativos, a los que la Policía suele mirar para otro lado, cuando no convive con ellos y todos sabemos de la prepotencia de las administraciones en decretar servicios abusivos, no siempre y muchas veces con cierta timidez. En la mayoría de ocasiones, sean abusivos o no, da igual, hay piquetes, hay incumplimientos y hay clara vulneración de los derechos e integridad física de los que quieren trabajar. Sin regulación de servicios mínimos, impera la tiranía de administraciones, sindicatos y empresas. Así, como suena.

Para acabar, hay que cambiar la legislación, que da por hecho que los sindicatos defienden los intereses de la totalidad de los trabajadores, afiliados, o no. Eso les da pie para decir que como cumplen una labor social tienen derecho a recibir subvenciones del Estado. Pues miren, no. Los sindicatos, en los países democráticos, este país no lo es por ésta y otras muchas circunstancias, defienden solamente los intereses de sus afiliados. Y punto. Y, evidentemente, deben ser financiados sola y exclusivamente por sus afiliados y no por todos nosotros. Quien no quiera ser defendido, tiene todo el derecho a no serlo, o a buscarse la defensa que estime más oportuna.

Lo dicho, que a nadie interesa una ley de servicios mínimos y, después de 35 años, una institución completamente paniaguada y agujereada por los partidos políticos más que un queso gruyere, llamada Poder Judicial, todavía no ha dicho esta boca es mía, ni todavía hecha en falta una ley que alivie el trabajo de los jueces y oriente el trabajo de discernir con un poco de sentido y justicia los derechos de los intervinientes en las huelgas y los pacientes.

* José Enrique Villarino es economista y consultor, especialista en Transporte, y miembro del Foro del Transporte y el Ferrocarril (FTF).

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