La movilidad como derecho ciudadano

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C. Muñoz*.- Una semana después de aprobar los presupuestos para 2013, el Gobierno de Madrid, en una nueva muestra de funcionamiento anti-democrático, anuncia que fusiona la Empresa Municipal de Transporte (EMT) con la Empresa Municipal Madrid Movilidad (responsable de 16 aparcamientos públicos y el servicio de grúa en Madrid).

Esta fusión empezará a funcionar ya desde este próximo miércoles 1 de enero, y ahonda en dos de las constantes de las últimas decisiones de la derecha madrileña: por un lado, el oscurantismo en todas las medidas que toma, ocultándolas a la ciudadanía hasta escasos días u horas antes de llevarlas a cabo; el Partido Popular podría haber anunciado el viernes 20 de diciembre, en el debate de los presupuestos para el año que viene, medidas de este tipo, que obviamente ya estaban decididas y estudiadas, pero ha preferido eludir el debate y la transparencia. Por otro lado, continúa en su absurdo empeño por agrupar la gestión de servicios públicos, sin que esto reporte ahorro demostrable ni mejoras en la prestación de los servicios, sino más bien lo contrario.

La EMT es la mayor empresa de transportes públicos de España, con miles de puestos de trabajo y un servicio indispensable para una ciudad como la nuestra. Está siendo poco a poco devaluada por decisiones exclusivamente ideológicas de la derecha madrileña. Es evidente, para cualquier usuario, que el transporte público en nuestra ciudad está deteriorándose de una manera escandalosa (recorte brutal de servicios en Metro, a la desaparición del buhometro, al cierre de vestíbulos e, incluso, al desmantelamiento de una línea ferroviaria como la de Pinto-San Martín de la Vega), al mismo tiempo que los ciudadanos pagamos cada vez unos precios más altos, con unos incrementos en las tarifas muy superiores a los del IPC.

Una vez más, las políticas neoliberales y conservadoras nos obligan a trabajadores y usuarios a unirnos para defender nuestra ciudad. El transporte público tiene una función social indispensable en las ciudades, y debería ser una apuesta indispensable para cualquier Ayuntamiento y Gobierno Regional, impulsando el desarrollo sostenible de nuestras ciudades y el derecho de los ciudadanos a la movilidad.

En este sentido, ha surgido la Plataforma ciudadana Madrid en Transporte Público, en defensa del transporte público y la movilidad sostenible en Madrid, y que está constituida por múltiples colectivos y ciudadanos. Esta plataforma ha decidido en asambleas abiertas plantear una serie de exigencias a los poderes públicos: la reducción de las tarifas actuales, la aplicación de Abonos Sociales gratuitos para personas sin empleo, familias con ingresos inferiores al Salario Mínimo y menores de 13 años y la ampliación del Abono Joven hasta los 30 años, la recuperación de los servicios suprimidos por los recortes y la ampliación del servicio público, el mantenimiento de la propiedad y la gestión pública del transporte colectivo.

Desde Izquierda Unida asumimos estas justas reivindicaciones ciudadanas, y seguiremos estando del lado de trabajadores y usuarios para luchar por un transporte totalmente público, universal, accesible y de calidad.

* César Muñoz es Coordinador de IU Retiro y Miembro del Consejo Político Regional de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid.

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