Madrid seguirá sucia porque a las concesionarias les sale rentable

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P. Rodríguez.- El sindicato CC.OO. de Madrid ha denunciado este lunes 3 de noviembre de 2014 que el contrato integral de limpieza y jardinería de Madrid ha hecho de la capital una urbe “sucia” e “insegura” y ha exigido como medida inmediata que el Ayuntamiento negocie con las empresas que desde hace un año se encargan de limpiar las calles de la capital, las filiales de las grandes constructoras españolas OHL, Sacyr, FCC y Ferrovial, la retirada inmediata del Expediente de Regulación Temporal de Empleo ERTE que llevarán a cabo hasta 2017 y se fomente la incorporación de, al menos, 2.300 trabajadores a las labores de limpieza y jardinería de la ciudad.

Pero la capital seguirá sucia, porque a las empresas concesionarias les sale rentable. Prefieren pagar las multas que les impone el Ayuntamiento (casi 5,5 millones entre enero y julio de 2014) que afrontar los costes de personal: el ERTE aprobado por las empresas tras la huelga de hace un año por las condiciones iniciales que se planteaban por las adjudicatarias ha reducido el servicio en 9,6 millones de horas de trabajo anuales, lo que equivale a sacar de las calles a 2.536 empleados sobre una plantilla total de 7.523 personas (un tercio).

Con este recorte en el número de trabajadores, las empresas se ahorran 55,3 millones anuales.

Los sindicatos piden remunicipalizar el servicio

El secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, y la secretaria de Política Local y Ciudad de Madrid del sindicato, Isabel Rodríguez opinan que se deberían “remunicipalizar” todos los servicios que ahora mismo están externalizados al entender que ello garantiza la calidad del servicio y un menor coste para las arcas municipales, a la vez que han incidido en que las condiciones de los contratos integrales están pensadas en favor de las filiales “de las grandes constructoras”, que quieren hacer negocio con los servicios.

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En el caso de la limpieza viaria, dado que su concesión es de 8 años más dos prorrogables, Cedrún ha dicho que la primera medida que se debe acometer es la supresión del ERTE a aplicar hasta 2017 que supone una pérdida salarial del 12% para los trabajadores e implica una pérdida de horas de servicio equivalente a prescindir de 2.300 empleados.

El contrato integral actual se han reducido 8,6 millones de horas anuales en limpieza viaria y 993.810 horas anuales en jardinería en relación con el de 2006-2010.

A efectos de empleo, supone perder 1.903 empleados de limpieza viaria y 633 de jardinería, de los cuales 290 se corresponden a personal encargado de gestionar el arbolado de Madrid. Aparte, un tercio de esa reducción se produce en turnos de fin de semana.

Hay 300 inspectores, que tocan a 17 hectáreas de aceras y calles cada uno a revisar a diario. El Ayuntamiento ha avanzado ya que aumentará sus horas de trabajo en fines de semana, tras detectar que las empresas se “relajan” esos días en los que hay menos técnicos vigilando su labor.

Esta situación lleva a un empeoramiento del servicio, a juicio de CC.OO, con mayor dilación de la frecuencia de barrido, que la limpieza de chicles en el suelo se realice cada dos meses y que los baldeos mecánicos sean de una vez a la semana en las calles principales y una vez al mes en el caso de las vías secundarias.

Se ha pasado de fumigar y tratar 7.000 árboles mensuales con los anteriores contratos a una media de 2.000 árboles mensuales, algo que el sindicato relaciona con las incidencias por caídas de ramas de árboles.

En consecuencia, Cedrún entiende que de los 375 millones que se va a ahorrar el Ayuntamiento de Madrid con la vigencia del contrato, al menos 221 millones los van a pagar “de forma vergonzosa” los trabajadores en los cuatro primeros años de vigencia de la adjudicación.

Por tanto, el secretario general de CC.OO. ha reclamado la supresión de ese ERTE, que se invierta en renovación de medios materiales y maquinaria, que se aplique un control “exhaustivo” para que las empresas cumplan los 68 indicadores de calidad que fijan los términos del contrato (algo que a su juicio no está ocurriendo ahora) y un incremento de las sanciones en los casos de incumplimientos, dado que a su juicio a las empresas les sale “más barato” incumplir que aplicar todos los criterios de calidad.

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