L. Torres.- El Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha abierto diligencias para investigar las denuncias presentadas por un presunto delito de falsedad documental en relación con el máster de la ex presidenta madrileña Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y ha citado a declarar como investigado el próximo 6 de junio al catedrático Enrique Álvarez Conde, director del polémico máster.
También cita a declarar a doce testigos, entre ellos los profesores Clara Souto, cuya firma aparece en el acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM), Alfredo Allué, que dijo que pudo haber sido falsificada su firma y Laura Nuño, la ex subdirectora del Instituto de Derecho Público; además de a nueve alumnos.
La juez ha incoado diligencias previas si bien ha inadmitido la querella contra la Universidad y contra el Instituto Universitario al no contemplarse la falsificación documental dentro del catálogo de delitos que pueden ser cometidos por personas jurídicas.
Pero sí que considera que debe tenerse en cuenta que se investigue a cualquier persona que haya participado en los hechos denunciados, de ahí que haya acordado estas citaciones.
Simultáneamente, la juez solicita al Instituto Universitario de Derecho Público que remita antes del 5 de junio los originales de las actas del 24 de mayo de 2012 correspondientes a la reunión de la Comisión de Garantías de Calidad del Máster para la convalidación de las tres asignaturas objeto del presente procedimiento.
Ese juzgado decidió el pasado 22 de abril admitir la querella presentada por Ángela Figueruelo, una de las profesoras cuya firma supuestamente habría sido falsificada en el acta de notas del máster de Cifuentes.
Figueruelo, catedrática de Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, decidió emprender acciones legales al detectar que su firma aparecía en un acta de notas de Cifuentes que ella nunca había suscrito.
Fuentes de la Fiscalía han precisado que, a raíz de la apertura de esa investigación, ese juzgado ha asumido las denuncias previas que presentaron un grupo de estudiantes y el propio rector de la URJC ante la posibilidad que se alteraran documentos, actas y expedientes del máster.
Por ello, la Fiscalía de Móstoles ha decidido remitir al juez las diligencias que había practicado y archivarlas.
La cuestión es que la querella presentada por la profesora del máster en el juzgado de Madrid abre la posibilidad de que se cometiera el delito en el Instituto de Derecho Público de Vicálvaro, sede subordinada de la URJC, en este caso radicada en Madrid.La Fiscalía ha dictaminado que estos hechos pueden tener relación con los que ya se investigaban en la Fiscalía de Área de Móstoles y, al tiempo, no ha podido determinar de manera “concluyente” el lugar de comisión del delito, por lo que no se excluye la posibilidad de que se hubiera cometido en la sede del Instituto de Derecho Público de Vicálvaro.De ese modo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Fiscalía de Área de Móstoles ha acordado archivar “por duplicidad” las diligencias de investigación penal abiertas y remitirlas al juzgado número 51 de Madrid.En todo caso, si durante la investigación se determina que el presunto delito se cometió en Móstoles, la causa tendría que ser remitida a un juzgado de esa localidad madrileña.