P. G. Rus.– El 4 de marzo de 2012 se marcó un hito fruto de la colaboración entre las Asambleas de Barrios y Pueblos del Movimiento 15M y las organizaciones que constituyen la Plataforma Contra la Privatización del Canal de Isabel II. Por toda la Comunidad de Madrid se celebró una consulta popular sobre el agua pública en la se formuló esta pregunta: “¿Está de acuerdo con que el Canal de Isabel II siga siendo 100% público?”
Se instalaron 308 urnas a las que acudieron a votar 177.616 personas de las que 175.596 dijeron que sí al agua pública y 1.313 fueron favorables a la privatización, los votos en blanco fueron 481 y los nulos 131.
Como recurso indispensable para la vida que es, el acceso al agua potable es un derecho humano fundamental; por ello el servicio del ciclo integral del agua ha gestionarse desde el sector público para garantizar su eficacia tanto social como ambiental, sólo sin afán de lucro se pueden aplicar bien las políticas de ahorro del agua y se pueden dedicar íntegramente los beneficios a mejoras en la calidad de la prestación del servicio.
Desde las esferas del ultraliberalismo económico se fomenta un mito: nos dicen que la gestión privada de los servicios es más eficiente, pero la realidad nos muestra que privatizar conlleva un empeoramiento del servicio, la disminución de las plantillas y una exagerada subida de los precios. La tarifa más económica del estado español la tenemos en Madrid, en donde todavía el servicio de aguas es público y en donde pagamos a 1,35 € el metro cúbico, los precios más caros los encontramos en dos lugares en donde la gestión es privada, Barcelona: 2,02 € el metro cúbico y Murcia: 2,6 €. En ambos casos está presente AGBAR filial de la multinacional Suez y una de las principales aspirantes a hacerse con el Canal de Isabel II.
En la empresa mixta que quieren implantar en Madrid no es la administración quien controla las decisiones estratégicas pese a tener el 51% de las acciones ya que no es el porcentaje accionarial lo que otorga el control de la empresa sino los puestos claves en el consejo de administración que van a estar en manos del capital privado.
Además de ser pública, la gestión del agua ha de ser democrática, tiene que ser transparente y con mecanismos de participación que permitan el control de la misma por parte de la ciudadanía.
Cada día somos más quienes pensamos que no se puede mercadear con un recurso indispensable para la vida como es el agua. Desde la Plataforma Contra la Privatización del Canal de Isabel II y las Asambleas de Barrios y Pueblos del 15M estamos preparando un evento en el que todos ustedes podrán participar: el 24 de junio, aniversario de la fundación del Canal de Isabel II, volveremos a las calles y plazas para llevar a cabo una gran movilización popular en la que exigiremos un referéndum vinculante sobre la gestión del agua. Permanezcan muy atentos.
*Paulino González Rus es miembro de la Plataforma Contra la Privatización del Canal de Isabel II.