Aprender a gestionar los precios del transporte

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Foto: TW VBiliar

J. E. Villarino*.- Este artículo insiste en otro que no hace mucho tiempo publicamos sobre este mismo tema y va dirigido a nuestra presidenta de la Comunidad de Madrid, que hace algún tiempo ha tomado decisiones respecto de los precios del transporte madrileño, beneficiando a distintos grupos sociales, en detrimento de otros. El electoralismo suele estar siempre detrás de estas decisiones, alejadas de la eficiencia y la equidad económica y muy próximas a la arbitrariedad política.

Le ofrezco, sincera y humildemente estas notas para que en próximas ocasiones no se vea tentada a vender demagogia, aparentemente rentable a corto pero nefasta a largo plazo.

Cómo se forman los precios en el transporte público

Como su apellido indica y como consecuencia de tratarse de una actividad económica fuertemente intervenida por el estado, autonomías o ayuntamientos, los precios del transporte no se forman como en el resto de actividades en un mercado libre.

Los precios del transporte público en las localidades donde existen autoridades de transporte los fijan dichas autoridades, que a su vez están conformadas, en sus órganos de decisión, por los partidos políticos. Donde no existen autoridades de transporte, el transporte depende directamente del organismo, ayuntamiento o titular de que se trate.

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¿Cuáles son los criterios que se aplican en los casos anteriores para fijar los precios del transporte? Ninguno que se asemeje a los criterios que regirían de tratarse en un mercado liberalizado. Es decir, la oferta y la demanda, a partir de los correspondientes costes de producir transporte.

Por tanto, ni la oferta, ni la demanda, ni mucho menos los costes de producción emiten señales que permitan la fijación de los precios. Son las autoridades las que fijan los precios que se suelen denominar como precios políticos, de forma atrabiliaria y con fines electorales.

Precios políticos

Precios políticos son los precios que resultan insuficientes para cubrir los costes de producción o fabricación, haciéndose cargo una administración pública de la diferencia, mediante subvenciones a las empresas productoras. Son frecuentes en los servicios públicos, cuando sus usuarios corresponden a sectores sociales de bajos ingresos; p.e.: las tarifas ferroviarias de cercanías respecto de las cuales además del factor social, pesan el criterio de favorecer el transporte público para evitar así las grandes congestiones de tráfico privado automovilístico.

La dificultad de fijar los precios públicos

Determinar las tarifas más adecuadas que los usuarios deben pagar a cambio de la recepción de determinados servicios de provisión pública no es una tarea exenta de dificultades. Las políticas de fijación de precios para bienes y servicios públicos son guiadas por numerosos criterios, en ocasiones, en contradicción.

Las estrategias de establecimiento de tarifas para el transporte urbano no constituyen una excepción. La corrección de externalidades negativas, la equidad y/o determinados requerimientos recaudatorios llevan al regulador público a diseñar contraprestaciones para el servicio que pueden variar en cuanto a nivel y estructura se refiere. La realidad muestra cómo los precios subvencionados son relativamente frecuentes en el sector.

Delimitar correctamente los grupos sociales que se benefician de las subvenciones

En definitiva, cualquier esquema de precios subvencionados en este contexto tiene que ser diseñado con detalle, no sólo en cuanto a su estructura, sino también en cuanto a los criterios que guíen su establecimiento. Es crucial delimitar correctamente los grupos sociales que se benefician de este tipo de subsidios. Y siempre teniendo en cuenta el trade-off que podría generarse entre los dos objetivos normativos básicos en este contexto, a saber, la eficiencia y la equidad.

De la misma forma, en el proceso de diseño de precios óptimos para el transporte público ha de ser considerada la imposición de medios privados de transporte. Finalmente, sería preciso analizar si el esquema de subsidios es viable desde la perspectiva de los costes e ingresos que generaría su implementación. Es decir, que en cualquier caso, el nivel de subvención que se fije no debería dar lugar a un déficit excesivo.

El necesario equilibrio entre eficiencia y equidad

La verdadera eficiencia que deben promover los precios públicos, en este caso las tarifas del transporte público, radica en primer lugar en la optimización de los costes de producir transporte. Sólo puede haber tarifas o precios baratos si existen costes bajos en las empresas encargadas de prestar el servicio público de transporte, compatibles con políticas de calidad adecuadas.

En segundo lugar, esta eficiencia debe conjugarse con un sentido inequívoco de equidad. Y equidad no es poner sin ton ni son los precios para favorecer a unos grupos sociales en detrimento de otros. Éste ha sido el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid que ha primado con una tarifa plana a los jóvenes, muy barata, en detrimento del resto de usuarios.

A modo de breve consejo

No olvide la señora Cifuentes, que lo que dejan de pagar unos, lo tenemos que pagar los demás, bien con precios más elevados, bien con más impuestos, que los jóvenes por su edad todavía no suelen pagar. Que sepamos, equidad es, más o menos, tratar a todos por igual o de acuerdo a sus circunstancias. En este sentido, habrá jóvenes de casa rica que no necesitarían descuento alguno y sí, en cambio, pongamos por ejemplo un autónomo que las pasa canutas para acabar el mes.

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El electoralismo suele ser arbitrario e injusto, no lo olvide presidenta.

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(.) En base al trabajo: PRECIOS ÓPTIMOS PARA SERVICIOS PÚBLICOS: EL CASO DEL TRANSPORTE URBANO
María A. García Valiñas. Departamento de Economía. Universidad de Oviedo

* José Enrique Villarino es economista y consultor, experto en Transporte y columnista de Zonaretiro

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