J. Nogueiras*.- Los médicos del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) estamos en huelga desde el pasado lunes 26 de noviembre, y así seguiremos de lunes a jueves durante las próximas semanas, hasta que la Consejería de Sanidad acepte paralizar el Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid y negociar con los profesionales del SERMAS una solución que garantice la continuidad de nuestro sistema sanitario público.
El recurso a una medida de presión tan drástica como la huelga es una circunstancia excepcional en la Sanidad madrileña. Tanto es así que es esta la primera vez en la historia del sistema público de salud en la Comunidad de Madrid en la que todos los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial han coincidido de forma unánime en apoyar una convocatoria de huelga. Y si excepcionales son las fórmulas de protesta adoptadas, tanto más lo es la gravedad de la situación que las ha motivado. El miércoles 31 de octubre -oportuna víspera del puente de Todos los Santos-, el Consejero de Sanidad D. Javier Fernández-Lasquetty anunciaba, en el contexto de la presentación del proyecto de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para el año 2013, la puesta en marcha de una profunda reconversión del sistema sanitario madrileño, articulada a través del ya mencionado “plan de garantías de la sostenibilidad de la sanidad” -abreviando el farragoso nombre oficial-, y centrada en los siguientes puntos:
⁃ Reducción global del presupuesto del SERMAS en unos 540 millones de euros.
⁃ Implementación de una tasa de 1€ por cada receta médica emitida.
⁃ Privatización de la gestión sanitaria de seis hospitales que actualmente son de “gestión mixta” -gestión pública de servicios sanitarios y privada de no sanitarios-: hospitales del Henares (Coslada), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Cristina (Parla), del Sureste (Arganda) y del Tajo (Aranjuez).
⁃ Privatización de la gestión del 10% de los Centros de Salud de Atención Primaria.
⁃ Cierre del hospital Instituto de Cardiología.
⁃ Reconversión del Hospital Carlos III en un centro de media y larga estancia.
⁃ Reconversión del Hospital Universitario de La Princesa en un centro especializado en -y exclusivo para, según el proyecto inicial- mayores de 75 años.
La publicación de estas medidas desencadenó rápidamente una reacción de perplejidad y estupor en todo el colectivo sanitario. El Hospital de La Princesa, uno de los más afectados, fue el primero en movilizarse para expresar su rotundo rechazo a un plan que suponía una reducción de más del 30% en su presupuesto y que en la práctica resultaba incompatible con el mantenimiento de la actividad asistencial, docente e investigadora de primer nivel que el centro venía desempeñando hasta la fecha.
La rápida respuesta de los trabajadores y usuarios del hospital, así como de toda una constelación de sociedades científicas, asociaciones de pacientes y autoridades universitarias; forzó a la Consejería de Sanidad a reconsiderar su posición inicial sobre el futuro del hospital y negociar con la Junta de Centro una solución más cabal. Estas negociaciones dieron su fruto cuando el miércoles 21 de noviembre se alcanzó un acuerdo, conforme el cual se limitaba la reducción del presupuesto al 10% y se garantizaba el mantenimiento de la actual población de referencia -de todas las edades- y el carácter de hospital general.
El desmantelamiento de un hospital de referencia a nivel nacional para reconvertirlo en un geriátrico, es probablemente la más descabellada e injustificada de las medidas incluidas en el “plan de garantías”, pero ni mucho menos la única preocupante. La privatización de la gestión de centros sanitarios públicos supone un giro copernicano en los principios sobre los que se fundamenta el Sistema Nacional de Salud: dejaremos atrás el modelo actual, en el que el objetivo primordial es proporcionar al paciente la mejor atención sanitaria factible con los recursos disponibles; para pasar a un escenario donde lo prioritario será la obtención del mayor beneficio económico posible para la empresa gestora.
La Consejería asegura que estas medidas son las únicas que pueden garantizar la continuidad del SERMAS en el actual contexto de crisis económica. Explican que hay que recortar gastos, y que la mayor eficiencia de la gestión privada permitirá reducir el gasto por paciente de 600 a 441€. Es curioso que, según datos de la propia Consejería, de los seis hospitales privatizados sólo uno, el del Henares, supera este límite, y por poco: 445€ de gasto por paciente. Los demás se mueven en cifras entre 300 y 400€ por paciente aproximadamente. También resulta llamativo que la presunta mayor eficiencia de la gestión privada de la sanidad pública se esgrima como incontestable dogma de fe, sin aportar absolutamente ningún dato -ni mucho menos ningún estudio científico riguroso- que respalde tal afirmación. Lo cierto es que existen precedentes poco halagüeños, como lo ocurrido en el Reino Unido en los años ochenta o, más recientemente, el Hospital de Alzira en la Comunidad Valenciana; donde la privatización acabó generando un incremento de costes y repercutiendo negativamente en calidad de la asistencia sanitaria.
No menos nefastas que el contenido de la reforma son las formas de que el Gobierno autonómico ha hecho gala a la hora de plantearla. Esta radical reinterpretación del concepto de sanidad pública ha sido diseñada sin contar en absoluto con la opinión de los profesionales del sector, a quienes no se ha consultado en ningún momento y que se enteraron de las intenciones de la Consejería por los medios de comunicación. Es más, la Consejería ha desoído repetidamente las propuestas de los profesionales con vistas a mejorar la eficiencia del sistema -por ejemplo la implantación de la receta electrónica, que ha demostrado un importante ahorro en gasto farmacéutico allí donde ha entrado en funcionamiento.
Es por todo ello por lo que los médicos del sistema público de salud madrileño hemos creído que sólo yendo a la huelga podríamos conseguir que nuestra voz se escuchase. Para que cuando decidamos si realizar una prueba complementaria o si prescribir un determinado medicamento, lo hagamos en función de si son o no necesarios y no sólo de si son “coste-efectivos”. Para que la salud de nuestros pacientes no sea un medio de enriquecimiento para unas pocas empresas. Para que las decisiones en materia de sanidad se tomen en función de criterios técnicos y científicos, no de argumentos puramente ideológicos.
El ejemplo del Hospital de La Princesa es una muestra de cómo el diálogo entre Administración y profesionales puede lograr que todos salgan ganando, de cómo el tener en cuenta los argumentos técnicos y racionales de quienes más saben del sistema de salud -los que trabajan en él- puede lograr las mejores soluciones a los problemas que se plantean. Por eso animamos a la Consejería a que, vista la oposición unánime de los sanitarios madrileños, recapacite y detenga las reformas que plantea en su “plan de garantías”. Aún estamos a tiempo de que nadie pierda.
* Jaime Nogueiras Pérez-Santamarina es Médico Interno Residente en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de La Princesa.
Isabel Acevedo says:
Soy funcionaria, y por ello a la hora de elegir la sanidad pública, a la que tengo derecho, puedo elegir entre la seguridad social o compañias privadas ( Asisa, Adelslas… etc ).Yo,como el 90 por ciento de los funcionarios elegimos las compañias privadas. Motivos: están gestionadas por profesionales privados que cuidan de su buen funcionamiento en todos los sentidos: atención al paciente, rapidez a la hora de concertar cualquier tipo de consulta( especialistas , pruebas diagnósticas, análisis,tratamientos , cirugias…).
El estado paga a esas empresas privadas una cantidad anual por paciente ( menor que el que cuesta en la seguridad social) y exige a cambio un correcto tratamiento.
¿ Porque los trabajadores de la seguridad social no quieren ser gestionados por compañias privadas?. ¿ Tienen miedo que les controlen horarios, vacaciones, guardias, atención al paciente ..etc?.
Muchas personas y yo pensamos lo mismo: se teme a lo privado por el nivel de exigencia que ello conlleva y no por lo que puede afectar a los pacientes, que a todas luces saldrían beneficiados.
Jose Antonio Plaza says:
Entiendo a la señora Acevedo. Yo mismo, como funcionario, me someto a cualquier examen sobre productividad que se me quiera plantear (y de hecho se me plantea de facto permanentemente). ¿Porqué otros trabajadores públicos no quieren ser gestionados de manera privada? La inmensa mayoría no tendrá nunca ningún problema y para un trabajador producente y cabal como el señor Nogueiras esto no debería ser un problema. ¿Está soliviantado porque se va a cobrar un euro por receta? ¿alguien gasta mas de 100 recetas al mes? ¿no habrá exenciones a los menos pudientes? ¿porqué se empeñan en decir lo del geriátrico cuando no es verdad? Además, si yo fuese uno de sus compañeros geriatras estaría bastante mosca por el tono despectivo que usted emplea hacia esa rama de su profesión. Señor Nogueira, identifiquese usted como activista político que es -lo cual es perfectamente legítimo y honrado- pero no se escude detrás de la bata blanca para dignificar sus propuestas: ni lo necesita usted ni su profesión.
FBernal says:
A colación del comentario de Isabel Acevedo y en la línea de Jose Antonio Plaza, el art. 20 de la Ley 7/2007 del Estatuto del Empleado Público hace mención a la evaluación del desempeño a que debiera ser sometido cualquier empleado público. Debería ser la propia Administración Pública la que implantase mecanismos que permitieran controlar y evaluar de forma objetiva el desempeño de los propios empleados públicos, por lo que esta ley ya pretendía introducir sistemas de gestión y control del personal al servicio de las Administraciones Públicas basadas en estándares que se aplican en empresas privadas. Ahora bien, el problema es que en muy pocas empresas privadas de nuestro país funciona la evaluación del desempeño, los objetivos impuestos al personal de los diferentes departamentos a menudo son difusos de ahí que en líneas generales seamos el paradigma de la improvisación… si la evaluación del desempeño objetiva es complicada en la empresa privada no les quiero contar en nuestras Administraciones Públicas, y no lo digo porque yo pertenezca a alguna de ellas sino porque se percibe cuando tengo que acudir a las mismas. Por tanto, sí que estoy de acuerdo en que muchos empleados públicos tienen literalmente fobia a la implantación de la evaluación del desempeño pero no estoy totalmente de acuerdo en que una gestión privada de ciertos servicios públicos sea la panacea, sobre todo cuando muchas empresas privadas no saben gestionarse ni ellas mismas. Creo que las Administraciones Públicas están sobradas de empleados públicos con suficiente formación, experiencia y, muy importante, vocación para poder organizar y supervisar la gestión de los servicios públicos, claro está siempre que las presiones y sectarismos políticos no contaminen, que de eso también estamos muy sobrados.
Catalina Fernández says:
Que alguien me explique por favor.
Tengo una compañera de trabajo que su hermana trabajaba en el Hospital 12 de Octubre, se llevaba todo el medicamento que tanto ella como su familia necesitaba (expreso sus propias palabras), se pasó al nuevo hospital de Vallecas y se molestó porque ni siquiera podía acceder a Ibuprofeno para ella.
Puede ser esta una de las razones por las que no quieran un mayor nivel de exigencia??
Como este conozco muchos casos, no se puede generalizar porque ante estos casos ganan los muchos trabajadores de la Sanidad que no caen en esta bajeza moral y ética, pero es indiscutible que a muchas personas que trabajan en la administración, es decir, el todo es de todos y no nos duele, nadie nos controla y tengo trabajo para toda la vida sin que me puedan esturnudar, les vendría bien una temporada en una empresa privada para ver si harían lo mismo, o mejor aún, si ellos fueran los dueños de las empresas si les gustaría tener a trabajadores así. Es un simple cambio de roles.
Considero que como ya escribí en otro artículo, si no hubiésemos hecho un uso abusivo de los recursos como la Sanidad, aquí venía el tato y le atendíamos y eso no puede ser, sobre los medicamentos, cuántas veces tiramos medicinas, cuántas consultas a nuestro médico de cabecera para decirles que la noche anterior tuvimos pesadillas, en fin, no tapemos el sol con un dedo, seamos realistas, hemos abusado sin ver que la caja tenía fondo.
Sobre la gestión de los hospitales, la atención prestada y calidad del servicio percibida puede ser muy buena porque las personas que se dedican a la salud tiene una vocación, y aún en pésimas condiciones se desviven por salvar vidas, como es el caso de Cuba que sin recursos hay buenos médicos que ponen todo su empeño en hacerte la vida mejor, pero algunas personas se cuestionan la calidad real del servicio que puede verse disminuida sin que lo perciba el paciente, pero yo digo y bien alto que esa pregunta o incógnita está de más, los que somos profesionales tenemos un código deontólogico que no nos permite caer en esta situación.
Por lo que considero que la sanidad la tenemos que gestionar bien, de forma eficiente y entre todos lo tenemos que lograr, no podemos tener miedo a un mayor nivel de exigencia y tampoco es malo que las personas sepan que cada vez que acudimos a nuestro médico de cabecera o compramos un medicamento tiene un coste y eso hay que valorarlo, el todo gratis no es bueno.
Un saludo a todos
Teresa says:
Trabajo en una empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid y puede decir que de forma anual son fijados objetivos a cada uno de los trabajadores que en ella estamos y de esta forma nos miden nuestra productividad. Acabado el año, se revisa el porcentaje de consecución de los mismos y según ese grado se nos asigna una cuantía, pequeña pero que va en función de ello.
Del mismo modo, de forma anual se nos realiza una Evaluación del Desempeño y cada Jefe valora a la gente que tiene a su cargo. Hasta ahora tenía trascendencia e influía en nuestras subidas de nivel, es verdad que en el momento en que estamos no vale para nada… pero bueno, queda en tú expediente.
Por tanto, le digo a FBernal que la Administración (determinadas empresas públicas que yo conozco) si aplican estándares de empresas privadas. Lo que tenía que aplicarse es a todo el personal de la administración con independencia del organismo público en el que prestan sus servicios.
Si la gente es profesional (de empresas públicas o privadas) y desempeña su trabajo como debe, no tiene porque tener miedo a nada. A lo único que la gente puede tener miedo (en esos momentos) al externalizarse la gestión, es al despido (se han podido sobredimensionar determinados desempeños). Un saludo.
FBernal says:
Estimada Teresa, enhorabuena por trabajar en una empresa seria. Ojalá el ejemplo de la Empresa o Agencia Pública para la que trabaja se extendiese ya no al resto de las mismas sino a todos los departamentos de las diferentes Administraciones Públicas y en todas las Comunidades Autónomas, ahí está la verdadera “madre del cordero” y muchos de los problemas que tenemos desde luego que se minimizarían. Tengo constancia de que en la Comunidad de Madrid, en la que he residido un corto periodo de tiempo, las cosas se intentan hacer bien pero no puedo decir lo mismo de la Comunidad Autónoma en la que ahora resido. Un saludo.