S. R.- Un mes y una semana después de que los padres y madres del Colegio Público del distrito de Retiro Escuelas Aguirre se querellaran por el proceso de la elección de su directora, Carolina Villacorta, este jueves 10 de julio de 2014, la querella ha sido admitida a trámite.
El AMPA de Escuelas Aguirre, sito en la calle Pío Baroja 4, en el barrio Niño Jesús, presentó el martes 3 de junio de 2014 una querella criminal por prevaricación contra la directora de área territorial de Madrid capital, Belén Aldea Llorente, -y contra todo aquel que, tras investigarse los hechos, resultara responsable- por el caso de la elección de la directora actual del centro, Carolina Villacorta Benito, a la que se otorgó el cargo con fecha 1 de julio de 2012, pese a que “no reunía los requisitos establecidos en la legislación vigente para ser directora”.
Según figura en el escrito fechado a 20 de mayo de 2014, al que ha tenido acceso Zonaretiro.com, los padres y madres del colegio denuncian que, entre otras cosas, Carolina Villacorta Benito “carece de la antigüedad de 5 o más años”, exigida para dicho nombramiento según el artículo 134 de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, de 3 de mayo, que esclarece como uno de los requisitos para ocupar el cargo de directora el tener una antigüedad de al menos cinco años como funcionario de carrera en la función pública docente.
Su antigüedad, exponen, “data de 1 de octubre de 2008”, y dicho periodo de cinco años se cumpliría en octubre de 2013 y no a fecha julio de 2012, como quedó resuelto. “Ni siquiera llega a los 4 años”, denuncian.
Denuncian asimismo que “la querellada M. Carolina Villacorta Benito” -así la denominan, pese a que la querella oficial es contra Belén Aldea Llorente- “quedó excluida con fecha 7 de junio de 2012 de la lista de admitidos en el procedimiento para la selección de directores de centros docentes públicos de enseñanzas no universitarias de la Comunidad de Madrid, convocado por resolución de 17 de abril y publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del 26 de abril, con una valoración de méritos de 0,4“.
“El procedimiento para la selección de director/a del CEIP Escuelas Aguirre”, explican, “quedó desierto al no haber obtenido ninguno de los aspirantes la nota suficiente, a juicio del tribunal”. Y, en estos casos, como recoge el Decreto 63/2004, de 15 de abril, en su artículo 11, la dirección general de recursos humanos, a propuesta de la Dirección de Área Territorial correspondiente, debe nombrar director mediante resolución, por un periodo de tres años, a un profesor funcionario de alguno de los niveles educativos y régimen de los que imparta el centro de que se trate, con una antigüedad de al menos cinco años en algunos de los cuerpos de la función pública docente y que haya sido profesor durante al menos cinco años en un centro público que imparta enseñanzas del mismo nivel y régimen”.
Por ello, consideran que Carolina Villacorta Benito no reúne dichos requisitos “de una manera notoria y clara” ni para haber sido admitida en la convocatoria para la selección de director ni para haber sido nombrada directora de carácter extraordinario.
Pero, a pesar de todo ello, y mediante Resolución de 1 de julio de 2012 y al amparo del artículo 137 de la Ley Orgánica, y de acuerdo con el Decreto 63/2004, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, de 15 de abril (por el cual se aprueba el procedimiento para la selección, nombramiento y cese de los directores de centros públicos de la Comunidad de Madrid en los que se imparten enseñanzas escolares), se nombró directora a Carolina Villacorta Benito.
Creen que se trata de una “resolución manifiestamente injusta” y se han visto obligados a querellarse al no haber obtenido respuesta de la Dirección del Área Territorial de Madrid Capital a quienes pidieron que se adoptaran medidas, que no se tomaron, “persistiendo en la comisión del delito”.
La denuncia llega tras meses de intentos de los padres y madres del colegio para solucionar dicho problema por la vía administrativa y después de que “la administración educativa haya obstaculizado el ejercicio de los derechos por parte de la AMPA, negando a la asociación todo tipo de documentación relacionada con el asunto”, lo que les ha llevado a interponer esta “querella criminal por el delito de prevaricación contemplado en los artículos 404, 405 y 406 del Código Penal” contra Aldea LLorente, “y contra cualesquiera que pudieran resultar responsables del delito imputado, conforme a lo previsto en los artículos 270 y 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.
La asociación llegó a reunirse con la inspectora de Educación, Purificación Paniagua, a quien expuso los hechos, sin que tomase medidas para evitar la situación. Y solicitó el documento de nombramiento de la actual directora, que nunca les llegó a enseñar poniendo “varias excusas”.
A juicio de los denunciantes, “estos hechos encajan en los delitos de prevaricación contemplados en los artículos 404, 405 y 406 del Código Penal”, al tratarse de una “resolución arbitraria”, dado que Carolina Villacorta Benito “no reúne los requisitos legales y oportunos”.
Su nombramiento “se enmarca en la tipificación del delito efectuado por el artículo 405 del Código Penal, consistente en que la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello, se le castigará con la pena de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años”.
Y el artículo 406 establece que la misma pena de multa se impondrá a la persona que acepte dicha propuesta, nombramiento o toma de posesión, sabiendo que carece de los requisitos legales exigibles.
Por todo lo anterior, exigen que se llame a declarar en calidad de imputada a la querellada Belén Aldea Llorente, que se recabe su hoja histórico penal, que se recabe el expediente personal y de nombramiento de Carolina Villacorta Benito, que se recabe el expediente relativo al concurso para cubrir el puesto, que se llame a declarar a la inspectora Purificación Paniagua y que se requiera a Aldea Llorente una fianza de 15.000 euros para satisfacer las responsabilidades pecuniarias que pudieran corresponderle.