J. E. Villarino*.- Como en la excelente película ‘Solo ante el peligro, dirigida por Fred Zinnemann, Will Kane (Gary Cooper) y Grace Kelly (Amy Folwer), en que el sheriff de Headleyville espera solo en la estación la llegada de los cuatro forajidos, así se debe encontrar el juez Castro.
Solo y asustado, se prepara para hacer frente a los cuatro forajidos cuando el tren entre en el pueblo. En un prolongado tiroteo, consigue acabar con tres de ellos, mientras que será la propia Amy -a la que Helen, la antigua novia de Kane, ha convencido para que se quede- quien mate al cuarto. Kane, asqueado, arroja al polvoriento suelo su insignia de “sheriff” y abandona el pueblo en compañía de Amy. (De la Revista digital Claqueta).
Un juez solo ante el peligro
Éste, más o menos, bien podría ser el relato, que se dice ahora, de la situación del juez Castro en el caso Urdangarín-Borbón. Un caso más de los que tienen asqueada a la opinión pública española y no tanto a la opinión publicada, parte de la cual se dedica a lamer el trasero a la casta y los prebostes del sistema en esta y otras desvergüenzas delictivas. Solo y asustado ante tanta presión, prepotencia y esbirros del poder.
Desgraciadamente, sí, decimos desgraciadamente, la hermana del Rey tiene todo un rosario de acciones presuntamente delictivas del mismo jaez que las de su esposo Ignacio Urdangarín y numerosos lapsus en sus declaraciones: 579 noes o no recuerdo en su declaración; hasta 23 facturas irregulares que se conozcan; contratos ficticios, etc. Todos ellos los ha resumido el juez Castro en dos delitos de fraude fiscal y uno de blanqueo de capitales. Toda una montaña para una persona que debería haber mostrado otras conductas más acordes con la institución a que pertenece. Pero tampoco han sido los únicos de la familia.
Se llevan la palma de la ignominia un par de diarios: uno que se decía monárquico aunque apoyaba al régimen de los años 40-70 y que hoy ha devenido en monárquico de la monarquía de la señorita Pepis que hoy disfrutamos. El otro, ni se sabe bien qué es y a qué se dedica. Podríamos decir que le basta con ser la voz de su amo, o sea del presidente del gobierno aunque otros medios del mismo amo le arreen cera a siniestra.
Un fiscal devenido en esperpento
Caso aparte merece todo el aparataje fiscal: el señor fiscal del caso, el general del Estado y la fiscalía toda. Un tal Horrach, que no se sabe si representa a la magistratura pública y la defensa de los intereses públicos y los principios de legalidad de los que parece ha claudicado, o a la defensa de tan ilustres imputados.
Este personaje se permite el lujo de que se quite a los jueces la capacidad de investigar si no la respaldan los fiscales, una petición tan inaudita en un escrito oficial que desautoriza sus capacidades profesionales, salvo que se crea con patente de corso para decir y hacer lo que le venga en gana, con la mirada complaciente del ministro del ramo.
El fiscal del caso campa por sus respetos, arremetiendo contra el juez Castro, más allá de lo que le facultan los usos procesales, llegando a descalificaciones y quasi-insultos personales, sin que nadie haya salido a pararle los pies.
Un argumentario lleno de despropósitos
Hasta tal punto han sido hirientes y desproporcionados los ataques del fiscal hacia el juez Castro que éste no ha tenido otra que conminarle a que si de verdad creía las afirmaciones que sobre él estaba vertiendo, le denunciase por prevaricación.
Éstas son algunas perlas que el fiscal se atreve a lanzar sobre el juez. Así por ejemplo, recrimina al magistrado haber llevado a cabo una instrucción “a la carta” y haber practicado investigaciones “contradictorias” en torno a la Infanta “a modo de encaje de bolillos”
Horrach critica que el titular del Juzgado de Instrucción haya hecho sobre la Infanta “un juicio de valor basado en meras conjeturas: Doña Cristina de Borbón, dice este fiscal, es culpable, no se sabe bien de qué, para ver si se la pilla en un renuncio”
En otro de sus párrafos llega a decir “los parámetros de imparcialidad, objetividad y congruencia que deben presidir cualquier actuación judicial quedan relegados contraponiendo estos aspectos a una instrucción “presidida por un credo y no por la sana guía de la duda”
El gobierno y la fiscalía mamporreando
Evidentemente, el Gobierno y la Fiscalía general comparten un objetivo: poner coto a los jueces instructores para evitar actuaciones por libre como la del responsable del juzgado número 3 de Palma, José Castro, que no se pliega fácilmente a las presiones, inmensas presiones a que se ha visto y se ve sometido. El propio juez, en los fundamentos jurídicos de su auto ha denunciado las presiones de “altas instancias institucionales, políticas, mediáticas e incluso judiciales” en la instrucción del Caso Nóos.
El gobierno, como no podía ser menos (expresión que se hartan de decir los políticos cursis, es decir, todos) asiste impávido a la sarta de insultos, menosprecios que se vierten sobre el juez. Es más, el propio presidente del gobierno no se corta un pelo de apostar en público por todas las televisiones y diarios por la inocencia de la Infanta.
El fiscal general, como no cabía esperar otra cosa, apoya al fiscal del caso en todo y también arremete contra el juez, en un acto insólito de corporativismo y deleznable plegamiento a los dictados gubernamentales. Al fin y al cabo, le debe el puesto a Rajoy. ¿Dirá algo el CGPJ? ¿Ampararán al juez o preferirán que les sigan agradeciendo los servicios prestados?
*José Enrique Villarino es economista y consultor, especialista en Transporte, y miembro del Foro del Transporte y el Ferrocarril (FTF).