El 80% de los trabajadores madrileños son indefinidos

Madrid,

F. Mollá.- En la Comunidad de Madrid, ocho de cada diez trabajadores (el 80,8%) tienen un contrato indefinido, según la última encuesta de población activa. La encuesta también destaca la alta tasa de actividad de la región, que se sitúa en el 63,18%, la más alta de toda España, 4,23 puntos por encima de la media nacional. Y la Comunidad de Madrid también se sitúa según la EPA a la cabeza del conjunto de España en la tasa de empleo, que se sitúa en el 53.96%, casi seis puntos por encima de la media nacional.

Para seguir en esta línea, la Comunidad ha anunciado reforzará las ayudas a programas de formación y cualificación de desempleados, con 70,8 millones, y a aquellos dirigidos a incentivar la contratación estable de las personas que cuentan con dificultad para acceder a un empleo, con 12,5 millones. Estas medidas se desarrollan en el marco de la Estrategia Madrid por el Empleo 2016-2017, aprobada por el Ejecutivo regional en consenso con los interlocutores sociales.

Por un lado, se van a destinar un total de 51 millones de euros para el desarrollo de acciones de formación que combinen la actividad formativa y práctica y cuyo objetivo es la obtención de certificados de profesionalidad. Estos programas de formación están dirigidos, de forma preferente, a personas en situación de desempleo, con la previsión de contar con la participación de más de 43.000 personas e impartir más de 1.000 certificados de profesionalidad.

Además, los programas de formación destinados a jóvenes desempleados inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil van a contar en 2017 con una línea de ayudas de 16,8 millones de euros, a la que podrán acogerse los centros de formación de las entidades locales de la región, con la finalidad de ampliar y mejorar la calidad formativa en todos los municipios de la Comunidad de Madrid. La previsión es poder impartir formación, dirigida a la obtención de un certificado de profesionalidad, a más de 5.800 jóvenes desempleados de la región.

Asimismo, se van a llevar a cabo acciones formativas impartidas en los centros de formación inscritos y/o acreditados de la Comunidad, con el compromiso de que garanticen la contratación del 60% de los participantes, para lo que se van a destinar 3 millones de euros, medio millón de euros más que en 2016. Los destinatarios de estas acciones de formación con compromiso de contratación son personas en situación de desempleo, con la previsión de contar con la participación de 1.000 personas.

La Comunidad va a destinar el próximo año un total de 12,5 millones de euros para ayudas destinadas a fomentar la contratación estable, especialmente de aquellas personas que se encuentran más alejadas del mercado de trabajo, como son los desempleados mayores de 45 años, las mujeres, los jóvenes desempleados, las víctimas de violencia de género, las víctimas de terrorismo y las personas en riesgo de exclusión social.

La previsión es que más de 3.400 personas puedan beneficiarse de estas líneas de ayudas para la contratación.

En concreto, se van a reforzar los incentivos destinados a la contratación indefinida de personas desempleadas, especialmente mayores de 45 años y mujeres con especiales dificultades, destinando para ello 5 millones de euros. El objetivo es, por un lado, incorporar como modalidad contractual subvencionable la conversión de contratos formativos y temporales en indefinidos. Y, por otro, se ha aprobado incrementar los importes de las subvenciones para la contratación indefinida inicial de personas desempleadas.

Asimismo, se ha aprobado una dotación inicial de 7 millones de euros para acciones incluidas en el Programa Operativo de Empleo Juvenil, cofinanciado con el Fondo Social Europeo, destinado a la contratación estable de jóvenes menores de 30 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, con el objetivo de facilitar la inserción laboral de jóvenes cualificados. Junto a ello, se va a destinar medio millón de euros a ayudas dirigidas a empresas de trabajo ordinario para crear nuevas oportunidades laborales, destinadas a fomentar la contratación estable de mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de terrorismo y personas en riesgo de exclusión social.

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