Lola M.- La máxima educativa de la Consejería de Educación madrileña desde hace años es la libertad de elección. Los padres tienen que poder elegir dónde llevar a sus hijos y qué educación deben recibir éstos. A todos nos parece algo lógico y deseable si no fuera porque no es más que un disfraz de la política educativa encaminada a acabar con la educación pública en Madrid. Esta afirmación probablemente suena sesgada o apocalíptica, pero tratemos de analizar lo que ha ocurrido en los últimos doce años:
En Madrid capital hay unos 400.000 alumnos con edades comprendidas entre 12 y 18 años. Según los datos de la Consejería de Educación, para ellos hay 37 centros totalmente privados de Educación Secundaria, 253 centros privado-concertados y… 97 institutos públicos. Ésa es la libertad de elección de la que presume la Consejería: puede usted elegir entre llevar a sus hijos a un centro privado o privado-concertado o a unos de los poquísimos públicos que hay. Eso sí, dentro de esos poquísimos públicos sepa usted que también estarán muchos de los chicos más complicados de la capital. Tiene donde elegir.
Quitando algunas excepciones, la realidad en Madrid capital es que muchos padres querrían llevar a sus hijos a centros públicos porque apuestan por esa enseñanza, pero “no se atreven” a llevarlos al centro que les corresponde porque es el único centro público en kilómetros y aglutina a casi todos los alumnos conflictivos de la zona. Por eso, casi irremediablemente, apuestan por la enseñanza concertada, donde ya hay un filtro. Y es algo completamente humano, con los hijos no se experimenta. Todo sería bastante diferente si la proporción de centros públicos no fuera uno de cada cuatro. Sólo en Madrid ocurre este hecho, sólo en Madrid los padres están casi obligados a pagar por la educación de sus hijos.
Y tanto ha calado el mensaje que al final nos creemos que el hecho de pagar más por dicha educación es necesario. ¡Como si no pagásemos ya por ella con nuestros impuestos! La educación pública se financia por todos porque es para todos y, todos los ciudadanos -con más o menos recursos- deberían tener derecho a disfrutar de una educación pública de calidad para sus hijos, para eso han pagado por ella. También pagamos por las bibliotecas públicas o la policía, lo pagamos entre todos y lo disfrutamos todos. Si alguien quiere tener seguridad privada, está en su derecho de pagarla aparte, faltaría más, pero eso no quita que los servicios públicos sigan estando ahí para el ciudadano. A nadie se le pasaría por la cabeza que cada bloque de vecinos tuviera un parque de bomberos privado. Alguno seguramente lo tenga, pero no está en el sentimiento colectivo que deba ser así.
“Cuotas voluntarias”
Sin embargo, desde hace años en Madrid capital la enseñanza va por otros derroteros. Si no queremos pagar un centro privado y gastar más de 600 euros al mes, siempre podemos pagar una “cuota voluntaria” que varía entre los 50 y los 200 euros por tener a los hijos en un centro concertado. Y ¿qué ocurre fuera de Madrid capital? Paulatinamente está ocurriendo lo mismo. En las ciudades con un nivel adquisitivo alto (muchas de la zona Oeste y Norte) los pocos centros públicos que hay funcionan considerablemente bien, a pesar de que tienen a su alrededor dos o tres centros concertados a los que se permite abrir grupos con 10 alumnos por clase. Es notable que en las comisiones de escolarización, donde se decide a qué centros van ciertos chicos (normalmente disruptivos), siempre es excusa suficiente que las familias no quieran pagar la “cuota voluntaria” del concertado que toque, con lo que directamente irán a un centro público. En la zona Sur y Este, tradicionalmente con un mayor número de centros públicos, está cambiando la proporción de forma rápida: se ceden terrenos a precio de risa para la construcción de nuevos centros concertados cuando hay plazas en los públicos. Todo ello con la excusa de la “libertad de elección”.
La otra evasiva que da la consejería es el precio de la educación pública con respecto a la concertada. Llevan razón en que la concertada es algo más barata para las arcas municipales (habrá que preguntar a los profesores que trabajan en ella qué les parece que en muchas ocasiones, parte de su sueldo se quede por el camino). Pero ni mucho menos es más barata para los padres. Es el gasto total el que tenemos que mirar y el correspondiente a las familias aparece en la primera encuesta realizada por el INE, hecha pública este fin de semana. De media, una familia gasta 610 euros anuales por hijo en un instituto público, 1285 euros anuales en un centro privado-concertado y 3999 euros en un centro privado. Son las familias las que están pagando esa diferencia de gasto. En Madrid el mensaje ha calado: no sólo la cantidad de centros públicos es irrisoria en comparación con los privados-concertados, sino que han convencido a la población de que lo mejor es dejar la enseñanza pública como educación para la beneficencia y apostar por la educación concertada, más barata para ellos. Dejan de invertir en educación y, con elegancia, pasan el gasto educativo a las familias.
*Lola M. es profesora en un instituto público de Secundaria y Bachillerato de la Comunidad de Madrid.
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Foto: Colegio de Nuestra Señora de la Almudena (Zonaretiro.com)