A. Inurrieta*.- El acuerdo llevado a cabo por el Consorcio de Transportes en Madrid por el que se ha decidido subir las tarifas, un 7,5% de media en el Metro de Madrid no parece que responda únicamente al incremento del coste de la energía, sino que podría tener otras connotaciones.
En primer lugar, la señal que emite la autoridad madrileña es que la vía para suplir la reducción de las subvenciones públicas no es otra que los usuarios sufran este recorte, traspasando rentas de forma implícita hacia otros medios de transporte sustitutivos, como puede ser el coche privado o el taxi. Con ello, cuando la decisión de tomar el Metro es una decisión exclusivamente económica, el umbral en el que esta decisión rompe la equidad y distorsiona la elección entre transporte público y transporte privado, parece una decisión muy discutible, desde la óptica económica y particularmente en la defensa de un transporte sostenible.
La pregunta es si la subida es estrictamente económica o también hay elementos ideológicos en esta decisión, algo que parece plausible a la luz de algunas declaraciones de la propia presidenta de la Comunidad de Madrid. Su argumentario es que el transporte, como muchos de los servicios públicos, deberían ser financiados mayoritariamente por tarifas, lo que dejaría al Sector Público un papel residual para poder apoyar al segmento de las rentas tan bajas, que requieren de un apoyo similar a la tradicional beneficencia. De esta forma, el precio de mercado y la tarifa convergerían en un porcentaje mayoritario, y así las empresas de transportes -especialmente el Metro-, podrían ser traspasadas directamente al sector privado, pues el papel público sería residual, algo parecido al bono social de las empresas eléctricas.
El problema con el transporte es que la subvención de la tarifa no tiene una connotación económica, sino que tiene otra función: discriminar positivamente el uso del transporte público, para que las ciudades sean más sostenibles y las emisiones a la atmósfera sean minimizadas. La negación del impacto del transporte privado en el cambio climático sería por tanto, una de las razones para no tener en cuenta el balance neto de las subvenciones públicas al transporte colectivo, que mejora la movilidad y reduce la congestión de tráfico, mejorando la productividad de los trabajadores al reducir el tiempo de llegada al centro de trabajo.
La pérdida de equidad progresiva de esta subida afecta mucho más significativamente a las rentas medías y bajas, una forma de hacer pagar a una parte de la población, que teóricamente podría no ser afín electoramente, con el único objetivo de ir aproximando la cuenta de resultados para el gran objetivo: la privatización del Metro de Madrid.
Por último, la forma de sufragar el déficit podría ser gravar la entrada en Madrid del vehículo privado y utilizar esos fondos para facilitar el transporte público, cuya demanda es muy sensible al precio, especialmente entre los segmentos con menor renta y los más alejados del centro.
En resumen, las motivaciones de la brusca subida del transporte público, en este caso el Metro, esconden una visión muy liberal que consiste en eliminar todo papel público en la formación de precios de servicios públicos. En el caso del transporte, además, se producen otros elementos cruciales. Uno es el deseo de poder privatizar el servicio de Metro y la negación del efecto climático en la sustitución del transporte público por vehículos privados. Todo esto, teniendo en cuenta la reducción de renta disponible para un colectivo de rentas medias y bajas, que aparentemente podrían no ser afines electoralmente.
*Alejandro Inurrieta es ex concejal del Ayuntamiento de Madrid y Presidente del Observatorio del Distrito de Salamanca