A. Inurrieta*.- En el distrito de Salamanca está a punto de nacer un observatorio social y económico, cuya misión, entre otras, será la de alumbrar y dar a conocer toda la problemática que existe en dicho distrito. Entre los temas que se abordarán está uno muy relevante en este distrito, y en otros, como es la inmigración.
España ha sido y será un país donde los flujos migratorios han sido permanentes, tanto de salida como de entrada, y por tanto algo debíamos haber aprendido. En los últimos años, aprovechando el boom económico, llegaron a España casi cinco millones de inmigrantes, fundamentalmente latinos, pero también del este de Europa y ciudadanos procedentes del Magreb. Este flujo ha ayudado a relanzar la economía, a pagar impuestos y además ha contribuido a moderar de forma significativa los salarios medios, lo cual ha permitido a muchos empresarios y autónomos, pero también familias, expandir su cuenta de resultados.
Esta aportación, que no sólo ha sido económica, ha cambiado la fisonomía de muchos barrios y distritos en Madrid, generando un crisol de culturas, razas y etnias que ha llenado de riqueza a la ciudad de Madrid, por lo que, salvo comportamientos marginales reprochables, este país debería agradecer profundamente la aportación de este capital humano.
La acción social y política en este campo ha tenido dos fases muy claras, respondiendo a dos grandes almas que han coexistido en los diversos gobiernos desde que la llegada de extranjeros se aceleró. Durante la primera parte y también en la segunda de los años 90, la llegada de extranjeros se hizo de forma más o menos escalonada, pero el lenguaje y la acción política trataba de dar al imagen de dureza en el trato, generando una cierta corriente de pensamiento que identificaba la inmigración con la delincuencia, así como un supuesto aprovechamiento de derechos sociales, que teóricamente no les correspondían por no ser españoles. Esto condujo a una espiral de trabajadores que carecían de documentación en regla, aunque trabajaban aquí, pagaban los impuestos, se escolarizaban y cotizaban, por ellos mismos, a la Seguridad Social.
La llegada del gobierno del PSOE en 2004 posibilitó una gran regularización de buena parte de estos trabajadores y ciudadanos, lo cual permitió ya un cierto control administrativo y que aflorase una parte de la economía sumergida larvada años antes. Esta apuesta por la dignidad y la seguridad jurídica, que se plasmó en una nueva ley de Extranjería, fue uno de los factores que comenzó a ser fuertemente criticada por una parte de la oposición política, medios de comunicación y caló entre la población, especialmente en los tramos de renta medios y bajos, donde se veía al extranjero como un competidor por los empleos menos cualificados, algo que es falso, y por prestaciones sociales que eran perfectamente legales, pero que ante las menores rentas que obtenían los extranjeros y la incapacidad de disfrazar los ingresos, como sí hacen los nacionales, acababan siendo beneficiarios.
Esta deriva, con ciertos tintes xenófobos, hizo recular al PSOE uniéndose al PP en una reforma del reglamento de extranjería que dio la vuelta a los avances logrados, como el arraigo familiar o reagrupamiento familiar, y los contratos en origen. Y se ha vuelto a una política muy agresiva en contra de los inmigrantes, con cierta persecución innecesaria e injustificada del extranjero, con redadas sorpresa en zonas frecuentadas por ellos, en el Metro o incluso en las puertas de grandes almacenes en Madrid.
La complicidad de las fuerzas de seguridad, con ciertos episodios denigrantes para muchos de ellos, da fe de la deriva en la que ha caído el principal partido de la izquierda en España. Es particularmente triste, como persona y como progresista, ver a los inmigrantes que nos visitan en el Observatorio del Distrito de Salamanca y cuentan sus casos, su mirada delata miedo y una gran frustración. Lo único que quieren, la gran mayoría, es trabajar y que les permitan ver a sus hijos. No son una mercancía de usar y tirar. Recapacitemos y pensemos como seres humanos, por favor.
*Alejandro Inurrieta es exconcejal del Ayuntamiento de Madrid y miembro de la Asociación Puerta de Alcalá.
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Foto: G.Bravo (Zonaretiro.com)
juan Carlos says:
Así es.
A pesar de las campañas difamatorias que se han hecho contra los inmigrantes, sobre cómo acababan con el trabajo de los aborígenes y abusaban de las prestaciones sociales, se demuestra fácilmente, que:
– Nuestra pirámide social se encuentra truncada (muchos mayores y niños y poca población activa, que es quien paga los impuestos) por lo que la aportación de los inmigrantes ha sido imprescindible.
– Después de sumar lo que los inmigrantes dejan en este país con impuestos, directos, indirectos, etc y de descontar lo que reciben en asistencia sanitaria, educación, etc. el saldo positivo por cada inmigrante es superior a 200 euros año. No puedo dejar de colgar un vídeo asombros al respecto (ved las 2 partes)